El INE revisará la información que los candidatos declaren en sus formatos “3 de 3 contra la violencia” y, en caso de encontrar que ocultaron sanciones o condenas por agresiones, o sean morosos en el pago de pensiones, procederán a cancelar su registro.
Así lo aprobaron las comisiones unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), las cuales stablecieron la integración de un grupo interdisciplinario que se encargará de verificar dichas declaraciones.
Avalaron que el INE pueda acudir ante las autoridades correspondientes para verificar que los aspirantes a puestos de elección popular no hayan sido personas “condenadas o sancionadas mediante resolución firme” por violencia familiar, doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
También indagarán delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, así como registro de que sean deudores o morosos alimentarios, salvo que acrediten estar al corriente del pago o que cancelen en su totalidad la deuda.
El grupo interdisciplinario estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva y será integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, con el apoyo de las juntas locales y distritales.
Durante abril, este grupo realizará requerimientos a las autoridades penitenciarias, judiciales y de procuración de justicia de las 32 entidades federativas y del gobierno federal para solicitar los antecedentes penales de los candidatos.
Asimismo, requerirá información sobre la calidad de la persona deudora alimentaria determinada por resolución firme en los registros estatales de las entidades federativas y, en su caso, a los tribunales superiores de justicia de cada entidad.
La medida se aprobó en sesión extraordinaria del miércoles, donde la consejera Carla Humphrey Jordan destacó que con este proyecto se busca verificar “que se cumpla lo solicitado en favor de la erradicación de la violencia de género”.
