La CNDH emitió una recomendación al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y al edil de Ixtlahuacán, José Heriberto García Murillo, para que procedan con la reparación del daño por la muerte de Giovanni López Ramírez, quien sufrió abuso policial.
En su recomendación 64/2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el gobernador de Jalisco, el alcalde de Ixtlahuacán y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas deben coordinarse para procurar la reparación a los familiares del joven e inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas.
Y es que, tras investigar el caso, acreditó violaciones a los derechos humanos a partir de la detención de López Ramírez, ocurrida el 4 de mayo de 2020 en el exterior de su domicilio por no utilizar cubrebocas.
Señaló que los policías de Ixtlahuacán que lo detuvieron hicieron uso excesivo de la fuerza, lo cual le ocasionó lesiones que derivaron en su posterior fallecimiento por la falta de atención médica apropiada.
El organismo determinó que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) inició las carpetas de investigación sin citar a comparecer a la totalidad de los involucrados en el hecho.
La CNDH pidió al ejecutivo local realizar un estudio técnico-jurídico a efecto de que se agilicen las investigaciones y al alcalde de Ixtlahuacán otorgar la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran los familiares de la víctima.
También remarcó la necesidad de diseñar y aplicar un protocolo de actuación policial para su ámbito municipal en sincronía con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Estableció plazos específicos para el cumplimiento de las medidas de reparación y solicitó envío de evidencias que acrediten su cumplimiento.
Editado por Gabriel Figueroa Z.
LPR
