Pese a liberación, video evidencia agresión de policías a José Eduardo
FGR exonera a policías de Mérida en caso de tortura; CEAV reclama. Foto: Especial
Pese a liberación, video evidencia agresión de policías a José Eduardo
FGR exonera a policías de Mérida en caso de tortura; CEAV reclama. Foto: Especial

La FGR aseguró que no hubo tortura ni violación por parte de policías de Mérida, Yucatán, contra José Eduardo Ravelo, joven que murió tras ser detenido en julio; la CEAV reclamó que el organismo dé conclusiones en una fase preliminar y sin avisar a la familia.

Este jueves por tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las conclusione de su investigación del caso, la cual inició luego de que la madre de Ravelo interpuso, el 18 de agosto,una denuncia por tortura en cotra de su hijo.

La Fiscalía afirmó que recabó más de 50 testimoniales y realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y video, e informática, entre otros), así como más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM) y tres inspecciones ministeriales.

También exhumó el cadáver y la necropsia, en la que “concluyó que José falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”.

Justifica lesiones por “resistencia” a arresto

Aseguró que se “analizaron las videograbaciones de la totalidad de los hechos, desde el momento de su detención, hasta su llegada a la cárcel” (11 minutos), así como los videos de su estancia en la cárcel (24 horas)

Del análisis de todos los videos, sostuvo que “no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito”.

Sin embargo, reconoce que “se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”.

En este sentido, a través de la mecánica de lesiones, concluyó que las lesiones causadas a José fueron causadas por “maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días”, las cuales “no ponen en peligro la vida”.

Agregó que las declaraciones de testigos coinciden en que “el joven se resistió”. Sin embargo, no aclara el motivo de la detención del joven ni de su encarcelamiento.

También sostiene que los números y colores de la patrulla señalados por Ravelo en su declaración “no corresponden a la evidencia, ya que no existen tales uniformes y características”.

Sugiere que José estaba enfermo

La FGR incluso menciona que, a través de periciales en medicina, se determinó “la situación de salud de la víctima”, pero omite revelarla “por respeto”.

Con dichos elementos, conluye que “en definitiva, la investigación de los hechos confirmó que NO existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”.

Y culpa a elementos ministeriales

En cambio, acusa que sí hubo “falsedad en dictámenes ministeriales” y “presión ilícita a testigos” por parte de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, supuestamente para ejercer acción penal contra los policías municipales.

En este sentido, adelantó que ejercerá acción penal en contra de tres servidores públicos de dicha fiscalía, aunque continúa investigando si hubo negligencia médica por parte de médicos en el Hospital General del Estado, donde José Eduardo estuvo internado hasta su muerte.

CEAV exige trato digno a familia y transparencia

Ante la información revelada por la FGR, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV) publicó un extrañamiento ante las declaraciones conclusivas hechas por laf, pese a que la investigación se encuentra en una fase preliminar no conclusiva.

Reclama la falta de sensibilidad en la forma en la que, sin avisar a la familia, la FGR dio a conocer las conclusiones de su investigación.

“La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso”, exige.

También pide a la FGR aclarar qué acciones penales va a realizar en contra la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales.

LPR

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