Mientras el INE dio acuse de recibo de la orden de la SCJN para continuar organizando la revocación de mandato pese al “limitado presupuesto”, la Cámara de Diputados presentó denuncias contra funcionarios del instituto ante la FGR y ante el OIC.
Por instrucciones de Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, la Dirección General de Asuntos Jurídicos remitió el miércoles una denuncia por los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, presuntamente cometidos por “algunos funcionarios del INE”.
Aunque la Cámara baja reservó los nombres de los señalados, hay que recordar que el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, advirtió desde el viernes pasado acciones legales contra los seis consejeros que aprobaron postergar el proceso de revocación de mandato.
Ellos son el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien presentó el proyecto para aplazar el proceso, así como los consejeros Dania Paola Ravel Cuevas, Ciro Murayama Rendón, Beatriz Claudia Zavala Pérez, Jaime Rivera Velázquez y José Roberto Ruiz Saldaña.
También entregó una queja ante el Órgano Interno de Control del INE por probables irregularidades y faltas administrativas en las que supuestamente incurrieron “algunos servidores públicos” del Instituto Nacional Electoral (INE).
Esto último significa que el OIC, dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrirá una investigación y, si se demuestra la falta señalada, procederá a aplicar faltas administrativas, que incluyen multas e inhabilitaciones para el servicio público.
Delitos suman hasta 16 años de prisión
De acuerdo con el Código Penal Federal, a quien cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión.
En tanto, el delito de abuso de autoridad alcanza de dos a nueve años de prisión, así como destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que acatará la suspensión del acuerdo por el que pospuso el proceso de revocación de mandato en sus términos.
Lo anterior significa que debe cumplir con todas las actividades programadas, incluida la realización de la consulta el 10 de abril de 2022, si los promotores entregan las 2.7 millones de firmas de apoyo requeridas, para lo cual tienen como fecha límite el 25 de diciembre.
No obstante, señaló que la suspensión es “provisional” y que se mantendrá atento a la resolución de fondo que la SCJN respecto a la controversia constitucional que presentó contra el recorte presupuestal que le aplicó la Cámara de Diputados.
Insistió en que, para realizar la consulta con 161 mil casillas en todo el país, como desprende del artículo 41 de la Ley de Revocación de Mandato, requiere 3 mil 830 millones de pesos.
Pero sólo ha conseguido mil 503 millones tras los “ajustes” que realizó a raíz del recorte de 4 mil 913 millones de pesos que le realizó la Cámara baja a sus proyecto de presupuesto para 2022, “lo que dejó al Instituto sin los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana”.
“La Secretaría Ejecutiva coordina a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, para analizar escenarios y modificaciones a todos los procedimientos y actividades que implica el ejercicio democrático para ajustarse a ese limitado presupuesto”, aseguró.
Respecto a la verificación de las firmas de apoyo, reportó que ha recibido en los últimos días más de mil 400 cajas, las cuales se habrán de sumar a 1 millón 44 mil 630 firmas que ya fueron revisadas.
LPR
