Del 15 de noviembre de 2020 al mismo día de 2021, ingresaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 3 mil 188 procedimientos, los cuales derivaron en 55 sanciones, de magistrados hasta auxiliares; es decir, hubo sanciones en 1.5 por ciento de los casos.
Así lo muestran los datos del Tercer Informe del Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien presentó el documento este miércoles en ceremonia desde la sede del alto tribunal, donde asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También estuvieron presentes los presidentes de las Mesas Directivas del Senado, Olga Sánchez Cordero, y de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna.
En su discursos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien también preside el CJF, afirmó que en el poder judicial federal ya no se tolera la corrupción y que los casos, ahora, son “aislados”.
De acuerdo con los datos presentados, del total de procedimientos administrativos ingresados en dicho periodo, 2 mil 666 fueron quejas, lo que representa un aumento del 37.5 por ciento respecto al mismo lapso entre 2019 y 2020.
En tanto, las denuncias sumaron 419, es decir, 10.26 por ciento más que los 380 del periodo previo. A ellas se suman 53 procedimientos abiertos de oficio, que son 10 por ciento más que los 48 registrados en el lapso previo.
Del total de asuntos, 368 quejas y 246 denuncias fueron remitidas a la Ugira porque “se advirtieron elementos objetivos que ameritan investigación”.
Destacan justicia expedita
Sobre estas cifras, el informe destaca que, pese a la pandemia de Covid, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF, ha aumentado la recepción de los procedimientos administrativos.
“Se ha procurado atender de manera expedita las quejas y denuncias presentadas, (…) en particular aquellas que se remiten a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (Ugira), para que, en el ámbito de sus atribuciones, proceda conforme corresponda y hacer efectivo su derecho humano de acceso a la justicia”, afirma el documento.
Sanciones representan 1.5% de procedimientos
En contraste, las sanciones contra funcionarios de órganos judiciales, que van desde amonestaciones hasta inhabilitaciones, representan el 1.5 por ciento del total de procedimientos.
Del total de 55 sanciones, 26 (47.25 por ciento) corresponden a magistradas de circuito (tres), magistrados de circuito (ocho), juezas de distrito (una) y jueces de distrito (14). Estos últimos fueron los más sancionados.
De los 26 juzgadores sancionados, ninguno fue inhabilitado, tres recibieron sanciones económicas y cuatro fueron destituidos.
En total, las destituciones de funcionarios judiciales son 12 (21.8 por ciento). Se aplicaron a magistrados, jueces, secretarios, actuarios y auxiliares administrativos.
LPR
