El Senado aprobó la expedición de la Ley General de Economía Circular la cual busca reducir al mínimo la generación de residuos con un programa nacional, planes e incentivos fiscales; además, ordena a los municipios regularizar a los pepenadores.
En sesión de este miércoles, la propuesta quedó aprobada con 87 votos en favor en lo general, y con 77 votos en favor y tres abstenciones en lo particular, tras casi dos años de análisis técnico y ejercicios de Parlamento Abierto, por impulso de los senadores Ricardo Monreal Ávila y Raúl Bolaños-Cacho Cué.
El decreto define la economía circular como el “sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, orientado al rediseño y reincorporación de productos y servicios para mantener en la economía el valor y vida útil de los productos, los materiales y los recursos asociados a ellos el mayor tiempo posible”.
Al mantener los productos el mayor tiempo posible en la economía, se busca minimizar la generación de residuos, reincorporándolos en procesos productivos cíclicos o biológicos, además de fomentar cambios de hábitos de producción y consumo.
Otro de sus objetivos es estimular el desarrollo económico, a través de la valorización de los residuos como fuente de materias primas secundarias,
Estas materias primas secundarias se definen como los productos que son convertidos en materia prima de segundo uso al ser separados, acopiados, y recolectados o recuperados.
Se gestionan o comercializan para su reutilización, reciclaje, compostaje u otro tipo de valorización o aprovechamiento, y sustituyen o reducen el uso de materias primas vírgenes.
Para ello, procurará que aquellos residuos que no puedan ser valorizables o integrados en el ciclo productivo sean dispuestos sin deteriorar el medio ambiente; así como facilitar la incorporación a la economía nacional de productos de bajo impacto ambiental.
Asimismo, impulsará e implementará el desarrollo tecnológico para el reciclaje, la reutilización y el rediseño de productos basado en un esquema de Economía Circular, con el objetivo de reducir la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos.
Ordena a municipios incorporar a pepenadores
En ese sentido, el proyecto dispone que se deberá desarrollar y promover la integración del sector informal asociado con el reciclaje de los residuos.
Esto les permitirá salir de la informalidad fiscal, comercializar sus productos con personas físicas o morales, cuya actividad esté relacionada con las materias primas secundarias, y les brindará oportunidades para acceder a los programas instrumentados en la Ley.
Plantea que los gobiernos municipales sean responsables de regularizar e integrar en un padrón oficial, a las personas que realicen alguna actividad de acopio, compraventa, reciclaje y aprovechamiento de los subproductos con valor comercial, esto con el fin de mejorar las condiciones de trabajo en sus instalaciones y profesionalizar su actividad.
Semarnat aplicará ley
La aplicación de este ordenamiento será tarea del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); sin embargo, podrá suscribir convenios con los gobiernos estatales y municipales para delegar el ejercicio de estas facultades y funciones.
De acuerdo con el dictamen, toda persona física o moral cuya actividad sea la fabricación, elaboración, producción, importación o manufactura de envases y empaques, estará obligada a presentar ante la Semarnat, para su registro, un Plan de Economía Circular.
Además, quienes se dedican a la fabricación, elaboración, manufactura, producción y distribución de aparatos eléctricos y electrónicos deberán contar con un plan de manejo de residuos, que cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas y con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Educarán sobre economía circular
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporarán modalidades educativas que contemplen en sus contenidos los temas relativos a la Economía Circular. Esto se realizará con la coordinación de la Semarnat y la Secretaría de Educación Pública.
La Ley también prevé multas por el equivalente de 20 a 60 mil Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de imponer la sanción, así como la clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando el infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas.
LPR