Integrantes del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derecho Humano en el sureste mexicano denunciaron la violación de los derechos humanos que sufren los migrantes en el sur del país, así como los actos de represión contra los periodistas y defensores.
En un comunicado firmado por diversas redes, colectivos y organizaciones civile, hicieron una denuncia pública sobre la situación de los migrantes quienes buscan salir de Tapachula, Chiapas debido “al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio”.
La violencia y el uso desproporcionado de la fuerza ejercida contra los migrantes, es la misma razón por la que tuvieron que salir de sus países y por lo que se ven obligados a “ejercer su legítima defensa frente a las agresiones que son de público conocimiento”.
Asimismo, como defensores de los derechos humanos han sido testigos de dichos actos desde el 28 de agosto cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) comenzó a realizar operativos de detención para evitar que salieran de Chiapas.
Por otro lado, también denunciaron los actos de violencia contra los mismos periodistas y defensores de derechos humanos, destacando que el Estado Mexicano es el responsable de velar por la integridad física y cuya obligación no se está cumpliendo.
De igual forma, informaron que ya han solicitado el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación; sin embargo no han obtenido respuesta.
“Por ello, como personas defensoras y periodistas hacemos un llamado a no criminalizar la defensa de derechos humanos, a no cometer actos violentos y de hostigamiento como ya han ocurrido y hemos denunciado públicamente. En efecto, tenemos el derecho a defender derechos humanos en un entorno seguro y propicio, el cual dista de la realidad en la cual nos encontramos en Chiapas”, se lee en el comunicado.
Además, exhortan al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a realizar un “alto a la represión, detención y violencia que se ejerce contra personas desplazadas de manera forzada”.
Así como de brindarles soluciones a sus trámites migratorios, la garantía al acceso de refugio y la vinculación con otros actores que han propuesto acciones de asistencia humanitaria que contrarresten las condiciones de marginación en las que se encuentran los migrantes.
Por último, también hacen un llamado a la Comunidad Internacional (La Comisión Interamericana de Derechos Humanos), a los Procedimientos Especiales de la ONU y a otras asociaciones sociales para visibilizar los hechos y “exigir al Estado Mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
LPR
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