Emmanuel Morales Martínez, juez de Tlachichuca, denunció ante la FGE de Puebla al abogado Carlos Alberto Ruíz Román y a la contralora municipal, Concepción Florentino Valencia, porque buscan quitarle el cargo con amenazas, sobornos y retención de salario.
En entrevista con Ángulo 7, contó que su nombramiento comenzó el 19 de noviembre de 2020, pero los problemas iniciaron cuando llegó la nueva administración de Giovanni González Vieyra, el 15 de octubre de este año, impidiéndole trabajar de manera óptima, pues lleva tres quincenas sin cobrar y sin mobiliario.
El pasado 22 de octubre recibió la primera amenaza, por parte de Ruíz Román, quien se presentó como supuesto jurídico del ayuntamiento y esposo de la actual juez de Aljojuca, Salmaría Abigail Bautista Aguilar.
“Llegó al juzgado (Ruíz Román) y me dijo: o lo entregas por tu voluntad o si no a ver de a cómo nos toca, y yo le contesté, está bien no tengo miedo porque he trabajado bien, y me dio un plazo hasta el 28 de octubre para entregarlo, sin importarle mi nombramiento”, comentó.
Advertencia con policías
El problema, agregó, se acrecentó más cuando el 4 de noviembre, Ruíz Román y Florentino Valencia llegaron al juzgado municipal acompañados de policías para entregarle un oficio “de advertencia” (no membretado), para posteriormente llevarse muebles con algunos documentos, actuando desde la Ley Orgánica Municipal, a pesar de que al juez lo rige el Poder Judicial.
Incluso, Morales Martínez mostró un convenio de 2005, aún vigente, celebrado entre el municipio y la autoridad judicial que establece que la Comuna se haría cargo del salario, el mobiliario y el espacio, respetando la autonomía del juzgado.
Lo anterior, lo obligó a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la FGE de Puebla, el pasado 5 de noviembre.
Posterior a ello, siguió recibiendo mensajes y avisos por parte de Ruíz Román, quien dijo que “tenía contactos y que de su cuenta corría que me iba a quitar”, además le aseguró tener vínculos con el presidente municipal. Incluso le aseguraron que “el juzgado iba a ser utilizado (por Ruíz Román) para hacer negocios” irregulares.
En otro momento, se acercó para ofrecerle dinero a modo de soborno: “me mandó a una persona para negociar conmigo, que cuánto dinero quería para renunciar”.
Mientras que el miércoles pasado a su oficina acudieron dos personas del órgano interno de control para devolverle sus muebles de una forma forzada y sin algún escrito que motivará la cuestión.
En espera de resolución
“Yo no me inclinó por el dinero o el cargo que pueda tener, soy abogado siempre he litigado, doy clases y sé trabajar, pero las cosas no son de la manera en como quieren y si uno se deja de las autoridades siempre van a hacer lo que quieran porque piensan que pueden ganar. Ahora con la denuncia esperaré a que proceda y que todo se haga conforme a la ley”, concluyó.
De esta manera, espera que su denuncia haga efecto y se respete su nombramiento, mientras es apoyado por sus padres en lo que le pagan lo que le deben.
RE: LPR
