Fotomultas: el gobierno paga más de lo que recauda
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que un contrato que el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, debería revisar, ahora que ya prometió mano dura para investigar y en su caso sancionar presuntas irregularidades en las licitaciones y adjudicaciones realizadas por la Secretaría de Administración del estado, es el relativo a la implementación de una plataforma que se encargaría del monitoreo vial a través de radares de velocidad, de administrar las infracciones por exceso de velocidad, y de detectar vehículos buscados a través de matrícula y del sistema de control del padrón vehicular del estado.
Se trata de uno de los contratos de mayor cuantía en lo que va de la administración barbosista, por un monto de 773.6 millones de pesos a favor de la empresa jalisciense Intecproof SA de CV, que es recomendada del empresario Enrique Molina Sobrino.
Las irregularidades en las que ha incurrido la empresa proveedora de estos servicios son muchas, sin que hasta el momento ninguna autoridad la haya sancionado por incumplimiento.
Pese al objetivo recaudatorio de las fotomultas, el gobierno del estado paga más, mucho más, de lo que Intecproof es capaz de generar por estas infracciones que sancionan el exceso de velocidad en las principales vialidades de la zona metropolitana de Puebla.
El año pasado los ingresos captados en las arcas estatales por más de 251 mil fotomultas —de acuerdo con lo informado por la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, a los diputados locales el día de su comparecencia— ascendieron a sólo 70.4 millones de pesos.
El falso debate entre Manzanilla y Genoveva Huerta
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que tanto ha aumentado el malestar en el PAN por la decisión de ignorar a los militantes en el proceso de selección de candidatos y por la creciente intervención de Fernando Manzanilla Prieto en la vida interna del partido, que la opción que encontró Genoveva Huerta Villegas, la presidenta estatal del albiazul, fue generar un falso debate entre ella y actual diputado del PES, en el que los dos se acusaron de derechistas y representar intereses mezquinos, para aparentar un supuesto distanciamiento entre ambos.
Y es que Genoveva Huerta ha venido acumulando una larga lista de agravios que, sabe que en cualquier momento se puede convertir en una crisis que cuestione severamente su permanencia al frente del PAN, sin importar que esté en marcha el proceso electoral de este año.
El enojo de los militantes del PAN contra su dirigente se percibe perfectamente en las redes sociales con los hashtag #NoAlAgandalleDeGeno, #NoALaImposición y #SiAlCentroDeVotación, entre otros, en donde los panistas de San Andrés y San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, Puebla, Teziutlán, Izúcar de Matamoros, Libres, Cuetzalan, Cuautlancingo y Tehuacán, expresan que no van a permitir que los excluyan de la decisión de quiénes deben ser los candidatos a diputados locales y principalmente a presidentes municipales.
La muerte del Gran Elector
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que a los partidos, candidatos, suspirantes y demás rémoras que andarán en la campaña aún no les cae el veinte que las reglas del poder ya cambiaron.
Quienes antes sólo tenían el activismo para reclamar piso parejo y denunciar fraude, ahora son autoridades.
Y aquellos/as que usufructuaron el gobierno en todos sus niveles, hoy harán campaña desde el activismo, no de la calle, sino de redes sociales, con eso de la pandemia.
¿Qué ya no habrá en las elecciones intermedias poblanas?
Factureras para sacar dinero público e inyectaron a las campañas de candidatos/as.
Del “cosa juzgada”, a la cárcel
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que poco después de haber terminado aquel sexenio, Ricardo Velázquez, asesor jurídico de Mario Marín, puso sobre su escritorio una lista con el nombre de varios despachos de abogados expertos en litigar, internacionalmente, casos relacionados con la tortura y las violaciones a los derechos humanos.
Representaban por igual, tanto a víctimas como a victimarios.
En su lógica, el abogado pensaba que, más allá del país, de alguna manera tenían que contar con algún tipo de defensa legal en tribunales como la Corte Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás.
La tendencia mundial en términos de la comisión de este delito, cambiaban de manera constante y afortunadamente, siempre a favor de los derechos y la protección de las víctimas.
El Protocolo de Estambul se modificó, una y otra vez, siempre intentando ampliar la esfera de conductas y hechos que podían considerarse como “tortura”, llevados a cabo por gobernantes, servidores e instituciones públicas.
