Novedades del proceso contra funcionarios galistas de Infraestructura
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que el proceso que tiene en la cárcel a dos funcionarios de la Secretaría de Infraestructura durante el gobierno de José Antonio Gali Fayad (Alfonso Siriako Guillén Almaguer y Froylán Pedraza Bouchán), por haber autorizado el pago de más de 107 millones de pesos a personas y empresas distintas a las que obtuvieron los contratos por obras complementarias en el Centro Expositor de Puebla, tiene varias novedades.
La primera es que tanto el ex coordinador jurídico, Alfonso Siriako Guillén, como el ex encargado de Despacho de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Infraestructura, Froylán Pedraza, siguen recluidos en el penal de San Miguel de la capital poblana, a pesar de los recursos legales que han promovido para su liberación.
Como se recordará, el primero fungía como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, y el segundo como funcionario administrativo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, al momento de la detención de ambos el viernes 14 de mayo de este año.
La segunda novedad es que cinco ex funcionarios más de la Secretaría de Infraestructura siguen en calidad de prófugos de la acción de la justicia, entre ellos la que fuera titular de la dependencia Martha Vélez Xaxalpa, y el subsecretario Francisco Xabier Albizuri Morett, así como Francisco Javier Nava García, José Salvador Gómez Arredondo y Diego González Cobián Ballvé.
De éstos se sabe, con base reportes de la Interpol, que al menos dos abandonaron el país, para esconderse en Europa.
RMV apostó a dividir a los Jenkins para quedarse con el dinero de la fundación
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que Rafael Moreno Valle Rosas fue una figura central, de primer orden, en la disputa por el patrimonio de 720 millones de dólares de la Fundación Jenkins (FJ). El entonces gobernador de Puebla dividió a la familia Jenkins Landa y al mismo tiempo, jugó con unos y luego con otros, con el propósito de que pudiera tener participación en el manejo del jugoso capital que se han peleado.
Siendo ese la raíz del conflicto que ha derivado en un fuerte litigio entre los Jenkins y que ayer, por órdenes de un juez, la policía tuvo que tomar el campus de la Universidad de las Américas de Puebla para devolver sus bienes a quienes controlan el nuevo patronato de esta institución de educación superior.
El conflicto, como ya se ha difundido ampliamente, es producto de la avaricia entre los integrantes de la familia Jenkins, en donde uno de los hijos, Guillermo Jenkins de Landa, denunció penalmente a sus padres Guillermo Jenkins Anstead y Elodia Sofía de Landa, junto con sus hermanos Roberto, Margarita, María Elodia y Juan Carlos, por haber sacado del país el patrimonio de la FJ y depositarlo en el paraíso fiscal de Barbados, como una manera de quedarse con el dinero.
El notario socavón
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que lo del notario trinquetes de Tepeaca, Javier Rodríguez Cantellano, raya en la impunidad.
Hasta parece socavón, todo lo que está a su paso, lo desaparece; se lo chinga pues.
El diario ContraRéplica documentó más casos, como avalar tres veces la venta de predios en la Ciudad Audi, con prominentes morenovallistas: el arquitecto Federico Bautista Alonso y el sindicalista Leobardo Soto, según el reportaje de Ignacio Juárez.
Ya el gobernador Luis Miguel Barbosa pidió una investigación de este y otros temas.
Ahora se suma contra el notario socavón, la creación de empresas factureras fantasmas.
Línea 12, todo al revés
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que desastroso resultó el manejo que la 4T le dio a la tragedia de la Línea 12 del Metro.
El control de daños ensayado, lejos de minimizar el costo para los gobiernos federal y de la Ciudad de México, les significó una sangría importante de votos en lo que desde hace décadas ha sido considerado como el bastión más importante del actual grupo en el poder.
Los yerros fueron monumentales.
Por ejemplo, el esconder 51 días a la directora del Sistema de Transporte Colectivo y terminar corriéndola del cargo.
Si al final la iban a sacrificar, su cabeza tendría que haber sido expuesta en la plaza pública de las mañaneras, el día posterior a la tragedia.
La caída de la UDLAP, una historia cantada
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que desde 2017, cuando Rafael Moreno Valle aún era gobernador, en Intolerancia Diario dimos cuenta del desfalco y robo multimillonario que involucraba al panista, a la Fundación Mary Street Jenkins y a Guillermo Jenkins Anstead, entre otros.
El saqueo fue denunciado, en ese año, ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante la presunción de fraude y lavado de dinero.
Por la importancia de la información, retomo aquí parte de una de las columnas que escribí sobre el tema:
