Cárceles privatizadas, atraco a la nación // Calderón-García Luna, futuros reclusos
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que tres meses después de que el presidente López Obrador denunciara uno de los más descarados y sucios negocios que el Borolas armó para sus amigos de la minoría rapaz, el gobierno federal reporta avances en contra de tales prácticas, informa sobre los procesos penales en contra de los servidores públicos que promovieron y permitieron tales enjuagues y detalla que, hasta ahora, la hacienda pública ha recuperado 2 mil 390 millones de pesos, con la perspectiva de que se incremente a 10 mil millones en lo que resta del sexenio.
Se trata de lo que en enero pasado el mandatario documentó: durante su estancia en Los Pinos, el nefasto Felipe Calderón, junto con Genaro García Luna, organizó un nuevo y jugoso negocio para sus amigos: la privatización de ocho centros penitenciarios, contratos leoninos incluidos, todos por adjudicación directa.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, detalló lo siguiente en aquella ocasión: los contratos se firmaron en la época de Calderón. En los pasados nueve años, de las arcas nacionales salieron 75 mil 661 millones de pesos para tal fin; el monto pendiente por pagar en los años siguientes suma 190 mil 638 millones (los contratos estarán vigentes, en algunos casos, hasta 2032, 2036 y 2037). El costo total proyectado a 20 años es cercano a 266 mil 300 millones. Además, esos contratos obligaban al gobierno federal a pagar 100 por ciento a los beneficiarios privados, aunque no hubiera internos; es decir, como si los centros penitenciarios registraran lleno total, amén de que el inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia contractual (20 años renovables), se mantendrían como propiedad privada.
Conflictos en el poder electoral
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que son siete los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dicha Sala es la “última instancia jurisdiccional en materia electoral que conoce y resuelve en forma definitiva e inatacable las controversias electorales presentadas por ciudadanas y ciudadanos, candidatas y candidatos, partidos y demás actores políticos” (https://bit.ly/32Ev0fF )
Pues bien, cinco de esos magistrados electorales reprocharon, en una carta hecha pública, que el presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, haya pospuesto por decisión unilateral la sesión que estaba citada para ayer, en la que habrían de abordarse, entre otros, los casos de las candidaturas en suspenso del michoacano Raúl Morón y el guerrerense Félix Salgado Macedonio, además del también espinoso asunto de las medidas para evitar la sobrerrepresentación en la cámara de diputados.
Con una retórica abiertamente crítica, los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata, Indalfer Infante, Reyes Mondragón y Janine Otálora (solo faltó Mónica Soto, a quien se considera cercana al impugnado Vargas Valdez) le señalan al magistrado presidente: “No alcanzamos a apreciar las justificaciones por las cuales se difieren las sesiones referidas, pero consideramos que ello implica trastocar principios constitucionales que es nuestra responsabilidad guardar, tales como la certeza, transparencia y seguridad jurídica”.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Llamado general. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el sábado pasado, en San Luis Potosí, fue asegurado un tráiler que transportaba despensas, presuntamente para uso electoral. No fue detenido por la policía, sino que quedó atrapado debajo de un puente. “No aparecen los dueños de la mercancía, y seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección, como es la mala costumbre”, comentó. Antes del arranque de las campañas, el titular del Ejecutivo planteó a los gobernadores la firma de un pacto para hacer valer las leyes electorales y comprometerse a no realizar prácticas de compra de votos, pero pocos han hecho caso. Que se investiguen ése y otros casos. Documentado está.
2. Inche Mier. Lejos de la expresión de la diputada Nancy Reséndiz a micrófono abierto, durante la sesión de ayer, en donde se le escapa un “pinche Mier está diciendo que la votemos”, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados tuvo un día redondo. Argumentó que los hechos del presunto abuso sexual a un menor por parte del candidato Saúl Huerta, ocurrieron “fuera de su función como diputado federal”. Rechazó que su partido solicite su desafuero al argumentar “que lo hizo en su vida personal, y en la vida personal no me meto”. Advirtió que prefiere no opinar ni de éste ni de otros personajes de Morena que se han visto involucrados en escándalos, “porque son temas personales”. Cuando los electores se lo cobren en las urnas, a ver si le dan ganas de opinar. Qué vergüenza.
3. Avispero. Horas después de la detención y liberación gracias al fuero del diputado morenista Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de intentar abusar de un menor de edad, el Senado anunció que prepara una reforma que aprobará que el abuso y agresión sexual a niñas, niñas y adolescentes, no prescriba, “porque destruye vidas”, dijo Ricardo Monreal. La sesión fue intensa. Movimiento Ciudadano y el PAN repudiaron a los morenistas que han sido señalados de incurrir en diferentes tipos de agresión sexual, a lo que la morenista Martha Lucía Mícher respondió que en los otros partidos hay quien es un deudor de pensiones de sus hijos; también quien no permite que sus hijos vean a su madre y uno más que “se pone a rezar el rosario mientras sesionamos”. Parece que todos los partidos tienen algo de qué apenarse.