Mina San Rafael, ¿historia sin fin? // Trasnacional canadiense viola la ley // ¿Quiénes obstaculizan la solución?
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que en una historia que parece no tener fin, el consorcio minero canadiense Americas Gold and Silver se niega a respetar la ley mexicana, siempre confiado en que alguien no puede o de plano no quiere arreglar una huelga que se prolonga por más de un año, con todo y que el presidente López Obrador ha sido insistente en que las partes en conflicto, junto con las autoridades supuestamente competentes, solucionen las diferencias y reanuden las operaciones en ese centro de trabajo.
Como se ha comentado en este espacio, se trata del conflicto obrero-patronal en la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, concesionada a Americas Gold and Silver (sólo en ese estado cuenta con 67 permisos de explotación que abarcan cerca de 20 mil hectáreas), una trasnacional que se pasa la ley mexicana por el arco del triunfo, con la connivencia (por omisión o comisión) de las presuntas autoridades nacionales encargadas de vigilar su cumplimiento.
La solución a la irreverente actitud de la minera está en la propia ley mexicana: si no acata, se le cancela la concesión, pero parece que las titulares de Gobernación, Economía y Trabajo, que el propio Ejecutivo designó para resolver el conflicto, se comportan como los monos sabios (no ver, no oír, no escuchar), porque la huelga estalló más de un año atrás y cada que la solución está a punto de turrón siempre, como por arte de magia, surge algo que lo impide.
La 4T, ¿sin suficientes cuadros propios?
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que se están acumulando los asuntos que, desde niveles operativos menores, han escalado hasta requerir la intervención declarativa, no siempre afortunada, del presidente de la República. Dos ejemplos: los cambios en la agregaduría cultural de la embajada de México en España y la carta de compromiso de padres de familia para enviar a sus hijos a clases presenciales.
El director ejecutivo de la diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Márquez Jaramillo, renunció ayer a su cargo (que dejará el último día del mes en curso) mediante una carta dirigida a su jefe, Marcelo Ebrard, en la que atribuye su decisión a los “recientes y lamentables acontecimientos que se suscitaron” luego que retiró de la agregaduría al escritor Jorge F. Hernández, por declaraciones misóginas contra la embajadora en España, según la versión oficial, en movimiento laboral que coincidió con la publicación de un artículo sarcástico de Hernández hacia Marx Arriaga, funcionario de la 4T, sin nombrarlo, a raíz de expresiones de este relacionadas con la lectura.
Luego vino la designación de su relevo, la escritora Brenda Lozano, a quien seguidores de la llamada 4T señalaron con acritud por los tuits, memes y comentarios burlones y descalificatorios que tiempo atrás había colocado en redes sociales. Pareció a esa franja que no es congruente ni alentador que se premie así a alguien que opinaba negativamente de un gobierno al que ahora representará en el extranjero.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Protección total. El regreso a clases presenciales ha sido el tema a discusión, y la iniciativa privada especializada en materia ambiental, se hace presente y exhorta al gobierno federal, en especial a la SEP, a tomar medidas sanitarias más allá de las ya conocidas. La SEP, cuya titular es Delfina Gómez, debe pensar en que, para un regreso seguro, es necesario integrar a la estrategia las más novedosas tecnologías: la correcta ventilación y la utilización de luz ultravioleta tipo C, entre otros métodos de protección. Será necesaria una “reforma tecnológica educativa”, señalan expertos. Monitorear el aire, y si en un salón la medición de CO2 rebasa las 700 partes por millón, aun con cubrebocas, existe riesgo de infección. Si se va a regresar, que sea de la mejor manera.
2. Presurosos. En esta batalla que no culmina entre el gobierno federal y el INE, las ofensivas continúan. El instituto electoral no esperará a que el Congreso apruebe la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato y el próximo 27 de agosto aprobará sus lineamientos para que los ciudadanos “que perdieron la confianza en el Presidente” puedan tomar las acciones pertinentes para cumplir los requisitos y solicitar un proceso de revocación, tal como prevé la Constitución, explicó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE. Indicó que el Congreso tiene 436 días de retraso con la ley reglamentaria y el INE tiene fechas constitucionales que cumplir al respecto. Al mal paso darle prisa. Heridos habrá muchos en la guerra.
3. Implacables. El gobernador electo de Zacatecas, David Monreal, ha instruido a su equipo receptor y a los alcaldes, para realizar una transición a profundidad con el gobierno anterior, a cargo de Alejandro Tello. Es obligada una entrega documentada, escrita, formal, con todos los informes y anexos, en papel, independientemente de la versión informática y digitalizada, de donde surgirán las eventuales responsabilidades de índole civil, penal y administrativo. Tello deberá garantizar que no haya sospechas sobre los movimientos administrativos y presupuestales. Se revisarán los bienes muebles, vehículos, maquinaria, concesiones, franquicias, contratos y todo lo relacionado con el patrimonio zacatecano. Librar la revisión es el reto. No lo pasará.
