Reforma constitucional vs. actitud de jueces // Proteger interés nacional, no a malandros // Suspensiones provisionales a destajo
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que el encontronazo por las recientes modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica –aprobadas por el Congreso– no se da entre los poderes Judicial y Ejecutivo, sino entre éste y la denominada minoría rapaz, es decir, el grupo compacto de empresarios con grandes fortunas amasadas –a costillas de la nación– en los tiempos neoliberales. Y en este capítulo resulta más que obvio que los defensores de esa mafia no son más que fichas pagadas: jilgueros disfrazados de representantes del pueblo y jueces autónomos e imparciales, para quienes la moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada (el Alazán tostado dixit).
Como el raudo juez Juan Pablo Gómez Fierro –una de esas fichas– no se daba abasto en eso de conceder suspensiones provisionales a diestra y siniestra para proteger a los consorcios privados de las citadas modificaciones, otro magistrado, Rodrigo de la Peza López, entró al quite para atender, a la velocidad de la luz, las peticiones de la minoría rapaz que se niega a perder los privilegios que generosamente les dieron los gobiernos neoliberales.
Pero en el Ejecutivo conocen la fórmula: para uno que amanece temprano, otro que no duerme, y en este sentido el presidente López Obrador subrayó que si los jueces, magistrados, ministros determinan que es inconstitucional y que no procede (la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica), entonces enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, sobre todo la de los más pobres. Privatización en México, en el periodo neoliberal, es sinónimo de corrupción.
Reformar a fiscales y jueces
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que al mismo tiempo que el presidente de la República sostiene y acrecienta su diferendo específico con el Poder Judicial de la Federación (sobre las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y la suspensión provisional en su contra, emitida primero por un juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, y luego reiterada en varias resoluciones por su homólogo, Rodrigo de la Peza), el poder legislativo federal procesa modificaciones legales referidas a la procuración y la impartición de justicia, es decir, al respectivo ámbito de la Fiscalía General de la República y del citado poder judicial.
Los enunciados de las modificaciones legales en curso fueron considerados positivos por la mayoría legislativa, casi unánime (118 votos a favor y uno en contra, del senador sin partido Emilio Álvarez Icaza) sobre todo al sostener a la FGR como partícipe de planta en mecanismos y comisiones de defensa de los derechos humanos, de búsqueda de desaparecidos, de violencia contra las mujeres, de trata de personas y defensa de periodistas. Y, en el tema del Poder Judicial Federal, se avanza en cuanto al freno del crónico nepotismo practicado ahí y en la tipificación de otras conductas de corrupción y abuso que han persistido en ese ámbito.
Sin embargo, como bien lo sabe la mayoría de los mexicanos, en México no basta con la aprobación de leyes y más leyes. La máxima belleza jurídica que se construyera correría el riesgo de quedarse en mero enunciado, ante la aplastante realidad práctica del triunfo del poder del dinero y las influencias sobre la sapiencia o la literalidad jurídicas.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. ¿Ley pareja? Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó que la violencia familiar sea un delito que se persiga de oficio. La reforma plantea que se pueda actuar penalmente contra el agresor mediante la denuncia de un tercero sin requerir de la acción por parte de los perjudicados. Este delito tiene prevalencia en el país y son las niñas y las mujeres sus principales víctimas. “Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2019 registraron más de 238 mil carpetas de investigación relacionadas al delito de violencia familiar”, señaló la diputada por Morena Guadalupe Ramos al presentar el dictamen. Una precisión a los legisladores: primero revisen y sancionen los procesos como el del senador Noé Castañón, acusado de violencia familiar y sustracción de menores por su exesposa Mayté López. Después hablamos.
2. El tío certeza. En reunión con sus compañeros de bancada, el diputado Porfirio Muñoz Ledo alertó sobre acciones caciquiles y contrarias a un partido democrático que realiza, en diversas estructuras de Morena, el funcionario gubernamental Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, al imponer candidaturas a diversos cargos de representación popular. “Todo mundo supone que es un instrumento de Presidencia. Eso para mí es sumamente grave. Estoy en este partido porque es un partido democrático, y jamás pensaría que mi amigo de tanto tiempo, un gran demócrata del país, que se llama Andrés Manuel López Obrador, pudiese utilizar un instrumento antidemocrático, encarnado en una persona que no tiene cargo alguno en el partido”, expuso Muñoz Ledo. No es fuego amigo, es la voz de la conciencia.
3. Plan B. El presidente Andrés Manuel López Obrador alista una contrarreforma, debido al cúmulo de amparos contra la ley eléctrica. En caso de que los cambios a ésta sean declarados inconstitucionales por el Poder Judicial “vendrá una contrarreforma”, advirtió. Frente al cúmulo de suspensiones provisionales que retrasan temporalmente la entrada en vigor de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica en la que la Comisión Federal de Electricidad tiene prioridad en la producción de energía, sostuvo que no será cómplice de intereses creados y contrarios al pueblo de México debido a que “los malandros fifís” sólo buscan conservar sus privilegios, incluso, ni siquiera pagar por el servicio de luz. La perseverancia es el sello de esta administración.