La solicitud de algún financiamiento por parte del ayuntamiento de Puebla, luego de que el Congreso local lo aprobó, dependerá de si los diputados avalan el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que está incluido en la Ley de Ingresos del municipio para 2022.
Así lo señaló, en entrevista, tras la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien dijo que “es un tema complejo y no se trata solo de patear la pelota”, pues es necesario esperar la determinación del Legislativo.
Esto, porque la recaudación que la Comuna obtendría por este cobro es de 149 millones de pesos, mientras que el financiamiento al que puede acceder es de 162 millones, que representa el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
Sostuvo que por los 3 años serían 450 millones de peso, que representa el equivalente a la inversión de obra pública en la capital en un año, al tiempo de reiterar e insistir en que no se trata de un impuesto, además de que la administración pasada lo cobró los dos primeros años.
Dijo que el recurso igual podría ser utilizado para la compra e instalación de 15 mil luminarias que se necesitan en varias zonas inseguras, por ello es que lo propusieron en la ley con la responsabilidad que eso implica, toda vez que será la siguiente semana cuando se sepa”.
“Si ese dinero se lo quitan al ayuntamiento estarían en riesgo servicios importantes, entonces, la decisión o no de contratar un crédito por una cantidad que nosotros necesitaríamos dependerá del cálculo que tendremos de la Ley de Ingresos del municipio”, asentó.
Sostuvo que si el Congreso avala el cobro el ayuntamiento tendría mayor posibilidad de atender los servicios básicos en el municipio, de lo contrario se tendría que reestructurar el presupuesto, al tiempo de justificar que en muchos municipios en el estado han venido cobrando, incluso en Tlaxcala donde hay mayoría de Morena.
Buscan alternativas para sexoservidoras, afirma
Por otra parte, Rivera Pérez se manifestó nuevamente en contra de que haya una zona de tolerancia para las sexoservidoras, pero se están buscando otras alternativas para este sector, como es la bolsa de trabajo que se abrirá entre el ayuntamiento y empresarios.
Reconoció que es un tema complejo, ya que también habría personas que estarían en contra de que las mujeres estén afueras de su casa ofreciendo el servicio, por lo que debe haber otras opciones y garantizar que no haya actividades ilícitas, lo cual no puede ser permitido.
En ese tenor, al ser cuestionado sobre la detención de Lourdes Hernández, líder de la Unificación de Sexoservidoras, pues sus agremiadas acusaron que la detención se hizo por órdenes de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), indicó que según el informe que recibió fue la Fiscalía General del Estado (FGE) quien participó en dicha acción.
“No estoy de acuerdo en que la ciudad de nuestro municipio tenga una zona de tolerancia, es un tema muy complejo, estamos buscando alternativas. Si la Fiscalía está actuando para deslindar responsabilidades de personas que estén usando personas para cometer actividades ilícitas, es aplaudible”, remarcó.
R:CB
