La FGR señaló que el Foro Consultivo del Conacyt funcionaba como una empresa privada financiada con dinero público, por lo cual sostuvo que sus exintegrantes incurrieron en delitos patrimoniales contra el erario e insistió en buscar su aprehensión.
Lo anterior, en respuesta a los señalamientos contra la Fiscalía General de la República (FGR) por “persecución de científicos”, surgidos luego de que se filtró a medios nacionales la solicitud de orden de aprehensión contra al menos 31 investigadores del Conacyt e exintegrantes de dicho foro.
El miércoles, un juez federal, con sede en el penal federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, negó en definitiva la solicitud de la Fiscalía, pues consideró que los exmiembros del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico A.C actuaron en el marco del estatuto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Ante esta decisión, la FGR manifestó su conformidad y reiteró que volverá a solicitar la orden de aprehensión contra los investigadores, con una explicación “clara” sobre por qué considera que incurrieron en “delitos patrimoniales”.
Crearon empresa y la favorecieron
De acuerdo con los datos hechos públicos por la Fiscalía, los investigadores crearon, autorizaron y fondearon dicha “empresa privada” para después incorporarse a ella, además de favorecerse con la compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos.
El organismo incluso aseguró que “utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica”.
En cuanto al estatuto al amparo del cual actuaron, la FGR sostiene que fue elaborado a modo por los propios funcionarios del Conacyt, y que este está subordinado a las leyes de Ciencia y Tecnología y Orgánica del Conacyt, las cuales establece que el foro es un órgano interno y no permiten que se convierta en una empresa privada.
Querella se remonta a 2019
Por su parte, la dirección del Conacyt, a cargo de María Elena Álvarez Buylla, refirió que la disputa con el foro consultivo se remonta a 2019, cuando su administración se negó a destinar 50 millones de pesos que exigían los integrantes con base en el estatuto.
“El Conacyt ofreció apoyar a esta asociación con un monto modesto y suficiente para la realización de actividades pertinentes y sustantivas, el cual fue rechazado por foro y, en cambio, interpuso un recurso de amparo y judicializó el caso”, narra en un comunicado.
Reveló que fue el proceso judicial que “se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del foro, desde distintos fideicomisos del Conacyt”.
En consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control.
Asimismo, acusó la existencia de una “ola concertada de desinformación en medios y redes sociales” para favorecer la posición del foro consultivo.
