En 2020, las empresas en Puebla registraron la tercera mayor percepción de actos de corrupción (87.5 por ciento) en servidores públicos para agilizar trámites, solo por detrás del Estado de México (94.7 por ciento) y Ciudad de México (88.3 por ciento).
Así lo dio a conocer la Encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas (Encrige) 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Respecto a 2016, los actos de corrupción de servidores públicos percibidos por empresas en territorio poblano aumentaron, pues en ese año la cifra fue de 74 por ciento.
De acuerdo con el reporte del Inegi, a nivel nacional, 72.6 por ciento de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites. Por otro lado, 37.9 por ciento señaló que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones.
Confianza en los policías
En el caso de Puebla, el 28.9 por ciento de las empresas encuestadas indicó que identifica a los policías como instituciones de confianza, ubicándose como el sexto estado con menor confianza en estas autoridades y quedando por debajo de la media de 34.2 por ciento.
La satisfacción al realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios fue del 74.6 por ciento entre las empresas del estado de Puebla, que fue la tercera más baja del país, solo por detrás de Quintana Roo y Chihuahua con 42.5 y 47.5 por ciento, respectivamente.
A nivel nacional, 510 de cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites durante 2020 experimentaron al menos un acto de corrupción, pero esta tasa se incrementa hasta 669 unidades económicas por cada 10 mil para el caso de unidades económicas grandes.
El 5.9 por ciento de los propietarios de unidades económicas señaló que las calles y avenidas de su municipio o demarcación territorial estaban libres de vendedores ambulantes; 76.9 por ciento refirió que estaban en mal estado y 81.6 por ciento señaló que los baches y coladeras no se reparaban de manera inmediata.
Durante 2020, el 87 por ciento de las unidades económicas no tuvo la necesidad de contratar servicios de seguridad privada, mientras que en 2016 el estimado fue de 90.2 por ciento.