La Suprema Corte determinó que el Conacyt está facultado para recortarlos recursos de la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a la que consideró como un entre de divulgación, por lo que no se afecta la producción científica.
Así lo determinó por unanimidad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el amparo en revisión 76/2021, promovido por dicha y algunos de sus exdirectivos en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para reclamar la falta de recursos económicos para su operación.
De acuerdo con el consejo, la Corte señaló que el foro es una entidad privada que se creó con la única finalidad de realizar las funciones públicas que le corresponden a un órgano de la administración pública, y que no es posible que una entidad privada ejerza funciones públicas por iniciativa propia y sin la intervención del poder público.
Los exdirectivos también alegaron daños a su participación en el proceso de creación científica, al acceso a los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como a su libertad de trabajo y asociación.
Al respecto, la SCJN determinó que la reducción de recursos no implica en este caso limitación alguna a la esfera jurídica de los ex directivos, pues sus derechos pueden ser ejercidos con independencia de los recursos con los que cuente el foro.
Además, resolvió que la situación financiera de este órgano no afecta la participación de ninguna persona en el proceso de creación científica, puesto que se trata de un ente orientado a la divulgación y difusión del conocimiento científico, no a su generación.
Recibió 50 mdp para gastos más allá de sus funciones, afirma
El Conacyt sostuvo que la asociación civil recibió en el pasado sexenio recursos anuales por más de 50 millones de pesos para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores.
Pero con ese dinero también se pagaron gastos relativos a inversiones, telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, cabildeo legislativo, servicio de bocadillos y otros, presupuesto que excedió lo necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Aseguró que aún está pendiente que las autoridades competentes realicen el deslinde de las responsabilidades administrativas o penales a las que haya lugar.
LPR
