Desde la maquiladora KBH Track, la empresa israelí NSO Group, propietaria del software de espionaje Pegasus, intervenía teléfonos a pedido contra funcionarios federales de alto nivel, como Manuel Mondragón y Kalb, y probablemente políticos prominentes en México.
Así lo confirmó este martes por la tarde la Fiscalía General de la República (FGR), que sostuvo tener pruebas de que el teléfono de Mondragón y Kalb, excomisionado de Seguridad federal (2012-2014), fue intervenido en el sexenio pasado.
Como resultado, la compañía israelí, a través de la maquiladora fachada, grabó sus conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de áreas de Seguridad Nacional, así como con terceras personas.
En cuanto a los espionajes a personas de alto perfil en el país, entre ellos periodistas, activistas y hasta la familia y colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces líder de la oposición, refirió que incorpora los datos a las investigaciones.
Las pesquisas, a cargo del Ministerio Público Federal (MPF), incluyen una investigación exhaustiva de los contratos que suscribió Tomás Zerón de Lucio, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante la administración anterior.
Además, la FGR está a la espera de que “varios denunciantes” puedan aportar sus teléfonos celulares para que, con autorización de un Juez de Control, se extraiga la información correspondiente para efectos de judicialización.
También señaló que los “diversos solicitantes” de los actos de espionaje “aún no se hayan identificados plenamente para efectos judiciales”.
Este avance en la investigación de la FGR sale a la luz dos días después de que el diario inglés The Guardian, con base en documentos filtrados, destapara que Pegasus se usó en México para espiar a usuarios de más de 15 mil teléfonos celulares.
Periodista aporta testimonio clave
De acuerdo con un comunicado de la FGR, la acreditación del espionaje fue posible por “la denuncia y a la participación permanente” de la periodista Carmen Aristegui, quien sigue el caso desde 2017.
Con la información aportada, la Fiscalía realizó cateos, en los que la comunicadora participó como testigo del MPF, en la empresa KBH TRACK, administrada por Víctor “R”, y cuyo propietario era el ciudadano israelita Uri Emmanuel “A”, quien huyó del país hace más de dos años.
“En este procedimiento, Carmen Aristegui logró aportar a un testigo fundamental, quien proporcionó los datos necesarios para establecer que la empresa israelí NSO Group, propietaria del software Pegasus, utilizaba a la empresa operadora mexicana ya señalada (KBH TRACK)”, detalla.
Como resultado, se obtuvo un disco duro que “demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hayan identificados plenamente para efectos judiciales”.
Pide a dependencias informar de contratos con Pegasus
Por lo anterior, la FGR solicitó a las entidades del gobierno federal señalar si en sus antecedentes se ha encontrado algún contrato con Pegasus, sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta positiva.
Asimismo, se ha ordenado a todas las dependencias federales y estatales de seguridad que pudieran tener equipos de software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda su información relacionada a la contratación del equipo Pegasus y otros semejantes.
Sobre Citizen Lab de la Universidad de Toronto, dicha institución contestó que “no realizó un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares”, y que “no tiene evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo”.
También aclaró que “no hemos analizado equipos de teléfono celular para determinar si algunos intentos de infección fueron exitosos”.
La FGR recordó que Zerón de Lucio está en Israel sujeto a un proceso de extracción, por lo que hará llegar la información del caso al gobierno de ese país del Medio Oriente.
“Hasta este momento, la triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban ha quedado debidamente comprobada en un primer caso judicializable”, remarcó.
