Aunque al Congreso local se ingresó una iniciativa para “afinar” detalles de la Ley Agnes, aún no establece que menores de edad puedan tener derecho a ajustar documentos con su identidad autopercibida, pese a que la CNDH lo calificó como discriminatorio e interpuso una impugnación.
Y es que el pasado 28 de junio, la diputada de Morena, Bárbara Morán Añorve, presentó una iniciativa al Código Civil para derogar el artículo 70, por considerar que limita los trámites de cambio de identidad al solicitar que la persona que quiera realizar el trámite deba presentar documentos que señalen que la nueva identidad haya sido usada en documentos anteriores, o que el nombre actual le cause afrenta.
Respecto al artículo 71, solicitó cambiar el término “enmienda” por “modificación”, así como agregar “rectificación”, para el caso de corrección de datos esenciales en el acta de nacimiento. Asimismo, el término “enmienda” se usará para la solicitud de variar o eliminar algún nombre o apellido, así como errores ortográficos, numéricos o defectos mecanográficos, entre otros.
En tanto, la aclaración de un acta se podrá hacer ante el director del Registro del Estado Civil cuando se trate de “enmiendas”, en tanto la rectificación se hará ante el Poder Judicial.
Iniciativa no toma en cuenta impugnación de CNDH
Sin embargo, la iniciativa no tomó en cuenta la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Ley Agnes por no establecer que menores de edad también puedan cambiar su identidad, lo cual es discriminación y atenta contra su libertad de identidad de género.
Fue en mayo pasado cuando el organismo interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dicho recurso, para analizar y ordenar al Congreso de Puebla reformar el artículo 875 Ter, fracción II del Código Civil e incluir a los menores de edad.
Y es que actualmente, la ley señala que es obligatorio tener 18 años cumplidos para tramitar una nueva acta de nacimiento con la identidad de género autopercibida, lo cual contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación, declaró la CNDH.
Asimismo, sentenció que “el precepto es desproporcional e irrazonable, en virtud de que no existe justificación constitucional para que el legislador haya impuesto una limitante en razón de edad, para acceder al procedimiento mencionado, por lo que es discriminatorio”.
En febrero de este año, cuando diputados del Congreso local se pronunciaron por una consulta para tratar la aprobación de la ley, el organismo reprobó el hecho y señaló que no aprobarla representaba discriminación, además de que, al ser un derecho, no debía ser consultada.
