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De esto van las 2 iniciativas para el aborto legal y gratuito en Puebla

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De esto van las 2 iniciativas para el aborto legal y gratuito en Pueblaorto
De esto van las 2 iniciativas para el aborto legal y gratuito en Puebla. Foto: EsImagen / José Castañares

El pasado 16 de junio, se turnó a comisiones del Congreso de Puebla dos iniciativas para tipificar el acceso gratuito y legal al aborto, las cuales buscan modificar la Ley de Salud y el Código Penal, a fin de reestructurar las penas y condicionantes en la entidad.

Ambos proyectos fueron ingresados por las diputadas Estefanía Rodríguez Sandoval y Rocío García Olmedo, presidentas de las comisiones de Derechos Humanos e Igualdad de Género, respectivamente, mientras que deberán ser dictaminadas antes de ser votadas por el pleno.

La primera de estas agrega a la Ley Estatal de Salud el capítulo VIII, denominado Interrupción Legal del Embarazo (ILE), por el cual tipifica que los servicios de salud del Estado deberán realizar dicha práctica, a petición de la persona gestante, sin costo alguno.

Para la práctica de un aborto, dice el proyecto a la letra, “se debe priorizar la atención integral a la salud obstétrica humanizada”, para lo cual se dará a las mujeres servicios de consejería médica y social “con información veraz de otras opciones”, como lo es la adopción y los programas sociales.

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La ILE será realizada en un plazo no mayor a cinco días, a partir de que la persona gestante lo solicita, a excepción de que la mujer declare, bajo protesta de decir verdad, que el embarazo es resultado de una violación.

La ley refiere que, en caso de que el médico tenga “convicciones contrarias” al aborto -personales o de religión-, deberá excusarse del procedimiento y delegarlo a un profesionista no objetor; sin embargo, esto no aplicará cuando el procedimiento sea urgente para salvaguardar la vida de la mujer o a causa de una agresión sexual.

No será penado hasta la semana 12

Tanto las reformas a la Ley de Salud como al Código Penal eliminan las penas por interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, mientras que será considerado “aborto” después de la décima segunda semana de gestación.

De esta manera, se excluye de responsabilidad penal, cuando la interrupción sea resultado “de una imprudencia de la persona gestante”, así como violación, peligro de afectación grave a la salud de la madre o que el producto presente alteraciones genéticas que puedan causar daños físicos o mentales.

Tampoco se podrá penar cuando el aborto sea por una inseminación artificial no consentida, se dé de manera espontánea u obedezca a causas económicas graves, las cuales deben estar debidamente justificadas.

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Es de mencionar que la legislación vigente tipifica el aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, mientras que la pena a la persona gestante que procure la interrupción del embarazo es de seis meses hasta un año.

Únicamente se excusa de responsabilidad penal por “imprudencia de la mujer embarazada”, violación, peligro de muerte de la persona gestante y “eugenésicas graves”, lo cual debe ser corroborado por, al menos, dos médicos.

Aumentan penas por aborto forzado

La nueva ley busca tipificar el aborto forzado como la interrupción del embarazo “en cualquier momento sin el consentimiento de la persona gestante”, lo cual será sancionado como delito en grado de tentativa, de cinco a ocho años.

En caso de que sea practicado sin consentimiento, el personal que lo haya realizado alcanzará hasta 10 de prisión y, si fuese médico, se le suspenderá el ejercicio de su oficio; es de mencionar que en la actual legislación la persona que asistiese un aborto, aun consentido, podría ser penada con uno hasta tres años de prisión.

Los proyectos presentados establecen que, en caso de que la persona gestante procure su aborto después de las 12 semanas de gestación, se impondrán de tres a seis meses de prisión, o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad; misma pena al profesional que la asista.

Pendiente del Congreso

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El pasado 24 de noviembre de 2020, diversos colectivos feministas ocuparon de manera pacífica, por más de 20 días, el Congreso de Puebla, a fin de demandar la legislación de la ILE, pues la actual legislatura, mayoría de Morena, no ha atendido el tema.

Tras la toma, las mujeres consiguieron la firma de un acuerdo con la junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Legislativo local, por el cual se comprometieron a votar en el pleno una de las iniciativas para despenalizar el aborto, siendo que ya había un proyecto de este asunto en la “congeladora”, es decir, archivado entre otros proyectos pendientes.

A pesar de que la fecha límite para pasar el proyecto al pleno fue el 15 de abril, la ILE no fue puesta a consideración de los diputados; en cambio, el Congreso organizó un parlamento abierto para debatir posturas a favor y en contra, mismo que se extendió de inicios de abril hasta mayo.

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