La Comisión de Igualdad del Congreso local analiza la iniciativa para considerar como violencia obstétrica la acción de retener a mujeres que den a luz, o a sus recién nacidos, en hospitales por la falta de pago, lo cual se castiga con multa y prisión.
Lo anterior, a propuesta del diputado de Morena, José Miguel Trujillo de Ita, con el objetivo de reformar el artículo 18 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Explicó que la retención indebida de pacientes por falta de pago es una acción que atenta contra la dignidad humana, ya que es un derecho fundamental, y por ende es objeto de sanción que se castiga con tres meses a dos años de prisión, 100 días de multas y suspensión de tres meses a un año de personal de salud.
De acuerdo con el artículo a reformar, también se considera como violencia obstétrica negar la petición de acompañamiento de persona de confianza durante los servicios médicos, fotografiar o grabar el procedimiento de atención médica sin consentimiento voluntario; y permitir ingreso de personal externo no acreditado, sin que se consulte con el paciente.
Según la propuesta, esto se enfrasca en el contexto en el que está el estado, el cual prevalece en el 34.8 por ciento de los casos, además de que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) en 2016, los 2.9 millones de mujeres de 15 a 49 años que tuvieron parto o cesárea, el 33.4 por ciento sufrió algún maltrato y 10.3 por ciento tardó en recibir atención por quejarse.
Asimismo, al 9.9 por ciento se le ignoró cuando preguntaba cosas sobre su parto, al 7.0 por ciento le dijeron cosas ofensivas o humillantes, al 3.2 por ciento le impidieron ver, cargar o amantar al bebé, mientras que al 9.2 por ciento se le presionó para que aceptara un dispositivo u operación para no tener más hijos.