La FGR abrió sendas carpetas de investigación contra Adrián de la Garza Santos y Samuel García Sepúlveda, candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano (MC) por la gubernatura de Nuevo León por presuntos hechos delictivos de índole electoral.

Así lo informó el organismo, en un boletín de prensa en el que precisó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) tras denuncias ciudadanas, sobre la violación del artículo 19 de la Constitución, por el uso de programas sociales con fines electorales por parte de de la Garza.

Al abanderado del tricolor se le señala de solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero una vez que dicho candidato gane las elecciones, lo cual significa la compra y coacción del voto.

“Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente”, mencionó a la par de sostener que la carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente.

En tanto, remarcó que ha recibido denuncias, la última proveniente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra del otro contendiente García Sepúlveda; de su padre Samuel; de su esposa e influencer Mariana Rodríguez; y del padre de ésta, Jorge, por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, referentes a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

La FGR precisó que todo se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria.

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