La CDH acreditó que, en julio de 2019, hubo omisión de custodios del penal de San Miguel en la ciudad de Puebla debido a que uno de los reclusos perdió la vida y, al ser revisado, presentó marcas de haber sido ahorcado, así como hematomas en la cabeza.
Así lo indicó el expediente 4161/2019 que abrió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) luego de que se dieron a conocer los hechos a través de notas periodísticas, por lo que el organismo local realizó entrevistas e inspecciones en el Cereso.
El organismo autónomo manifestó que el occiso fue encontrado con hilo de rafia y pendía de un clavo en la pared, aunado a que su cabeza tenía sangre, además de que su cuerpo estaba rígido, lo que es contrario a cuando ocurre un suicidio.
Además, en el dictamen médico legal y forense sin fecha, emitido por una Perito Médico Legista y Forense adscrita a la Dirección del Servicio Médico Forense del Poder Judicial de Puebla, se concluyó que la causa de muerte fue “asfixia mecánica por ahorcamiento más neumonía bilateral”.
“Es evidente que el personal no cumplió con una efectiva protección de los derechos humanos, al que está obligado, ya que los custodios son los encargados de la vigilancia directa de las personas privadas de la libertad y que el centro penitenciario a su cargo no contaba con protocolos de atención para casos de esa naturaleza”, exhibió la CDH.
Este hecho, dijo, acreditó que el personal del penal de San Miguel no brindó la atención y seguimiento oportuno para evitar que se atentara contra la vida del occiso y, como consecuencia, demostraron un incumplimiento a la obligación que tiene de salvaguardar la vida de las personas privadas de la libertad.
Por ello, la CDH manifestó que, a fin de no generar impunidad en los hechos, se acreditó la violación al derecho humano a la seguridad jurídica y a la vida, por lo que emitió la recomendación 6/2021 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en la que solicitó reparar los daños causados a los familiares en los términos más amplios y de manera integral de acuerdo con lo que establece la ley, por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas erogaron con motivo de la violación a sus derechos humanos causada por lo sucedido.
