El juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa concedió a empresas nuevas suspensiones provisionales contra la reforma a la Ley de Industria Eléctrica, promovida y promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sostuvo que esta legislación afecta la competencia en el sector.
Hasta este martes, dicho juzgador y Juan Pablo Gómez Fierro, a quien López Obrador pidió investigar por “no tener competencia” para frenar la reforma, han concedido a plantas de energía privadas cerca de una veintena de amparos.
Trascendió que de la Peza López Figueroa, Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, también otorgó, como su colega, suspensiones con efectos generales, lo cual significa que la suspensión aplica para todas las empresas, incluso las que no han tramitado amparos.
Lo anterior, con el argumento de que conceder la medida sólo a empresa demandante afectaría la competencia en el mercado energético.
Este mismo martes, Gómez Fierro concedió cuatro suspensiones a favor de 13 compañías. Entre ellas, están la Compañía Eólica de Tamaulipas, Compañía Eólica Vicente Guerrero, Compañía Eólica la Mesa, El Rollo Solar, Juárez Renovables, Fuerza Eólica de San Matías, Eólica de Oaxaca, Fuerza y Energía de Naco Nogales y Fuerza y Energía BII Hioxo.
AMLO insiste en investigar a juez
Por su parte, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador agradeció al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dar trámite a su petición de investigar al juez Gómez Fierro.
Insistió en que este juzgador federal actuó de forma “atípica”, pues suspendió la ley reformada tan sólo un día después de que se puso en marcha.
En este sentido, comentó que si bien “justicia tiene que ser expedita”, solo se resuelven rápidamente cuestiones que tratan de “negocios jugosos”.
La reforma a la Ley de Industria Eléctrica –vale recordar– establece que la hidroeléctricas y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrán prioridad en el suministro de energía, por encima de las empresas privadas.
Además, contempla la revisión y renegociación de “contratos no rentables” firmados en administraciones pasadas entre CFE y privados.