El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que en administraciones pasadas se solapó el desfalco de la fundación Jenkins, por lo que el litigio que se tiene entre los integrantes de esta familia exhibirá a los involucrados, como políticos y académicos.
Esto luego de que el lunes pasado se dio a conocer que un juez federal de Almoloya de Juárez giró órdenes de aprehensión contra los hermanos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como la madre Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins por lavado de dinero de 14 mil millones de pesos.
Al respecto, en rueda de prensa, el mandatario estatal manifestó que este litigio tiene años luego de que el hermano mayor Guillermo Jenkins de Landa dio a acusó a sus parientes en el manejo del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkis en perjuicio de los poblanos.
Refirió que todos los recursos que manejaban la fundación se lo llevaron, por lo que su función de filantropía para la que fue creada fue hecha a un lado, pues los descendientes de William Oscar Jenkins Blade no eran parte de este patrimonio.
Dijo que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Pública en Puebla tenía que haber cuidado su funcionamiento, lo cual no se hizo y permitió que fueran saqueados los recursos para usarlas con otro fin que no fue para el que se crearon.
“Ellos (los familiares) ya no son parte del patrimonio de la fundación, es de la fundación, quien hizo ese acto de generosidad, pues fue Williams Jenkins, hizo muchos negocios y se asentó acá y formó al terminar su vida una fundación en donde puso la mayor parte de su fortuna”, pronunció.
Sin embargo, dijo que fue “con la colusión de hombres del poder” cuando se dieron las irregularidades señaladas en el litigio, lo cual repercute en varios lados, pues de acuerdo con la investigación, el desfalco se hizo mediante una donación simulada a la Fundación Bienestar de Filantropía, a través de lavado de dinero que ocurrió en Puebla y Aguascalientes, además de envío de dinero a empresas de Barbados y Panamá.
Ante esto, el titular del poder Ejecutivo estatal consideró que con este litigio que se tiene pronto se aclarará el tema y saldrán a la luz los nombres, tanto de algunos políticos como académicos que estuvieron involucrados en este desfalco.
Luchas internas en Ceresos, siguen
En otro tema, Barbosa Huerta reconoció que se siguen dando luchas internas en los penales para hacerse del control de ellos, por lo que es una situación que se debe corregir, así como acatar las observaciones hechas para mejorar las condiciones de los Ceresos y de los reclusos.
Esto luego de la evaluación penitenciaria que hizo la Comisión de Derechos Humanos (CDH) correspondiente a 2020, en el que se revisaron diez penales, cuyo promedio general bajó de 6.5 a 6.2, además de que el de Chignahupan y Libres, fueron los que peor calificación sacaron con 4.4 y 5.8, respectivamente.
Al respecto, el mandatario estatal dijo que todas las observaciones que las hacen las atienden, pues, aunque son personas privadas de su libertad, tienen derechos y lo que se debe hacer es generar las condiciones para evitar que sus garantías sean vulneradas.
“Pues hay que atender todo, todo lo que venga de las comisiones de derechos humanos hay que atenderlo, no hay que ser resistentes a aceptarlas, tratar con ppl, no es fácil, es muy complicado, pero todos tienen derechos humanos que deben ser garantizados”, pronunció.
Refirió que pedirá un informe a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sobre el tema, ya que se le debe dar seguimiento de forma puntual a ello, como se hace con todos los videos que luego se difunden de hechos al interior de los penales.
“Todo lo que sale lo investigamos porque la lucha que hay entre los internos por el control de los reclusorios es enorme y son capaces de usar cualquier mecanismo para ello, luego mucho de lo que dicen es cierto y hay que corregirlo y otras cosas no lo son, pero todo lo investigamos, estoy siempre encima en cada uno de los asuntos de seguridad”, expresó.
