(Séptima parte)
La crisis poliédrica por la que atraviesa la modernidad capitalista tiene su origen en la caída de la tasa de ganancia ocasionada, en parte, porque se sustituye mano de obra por tecnología. Cuando se innova la producción, aumenta la productividad del trabajo y, a la vez, se desecha fuerza de trabajo causando la caída de la tasa de ganancia, porque se elimina la única fuente que genera riqueza, pues ésta tiene su origen en la diferencia monetaria que existe entre el salario que recibe el trabajador y su rendimiento. La desvalorización de la fuerza de trabajo y la flexibilidad laboral han sido en el neoliberalismo dos líneas combinadas para elevar la tasa de explotación: comprimiendo salarios reales, suprimiendo mecanismos de control obrero sobre el uso de la fuerza de trabajo, desmantelando contratos colectivos, reprimiendo la organización sindical, prolongando el ciclo de vida laboral y confiscando derechos laborales universales (Gilly y Roux, 2009. https://bit.ly/3ofc3sP).
En este contexto, la agricultura comercial implica actividades que no crean nuevos empleos, salvo en algunas fases del ciclo agrícola; más bien, la modernización agrícola supone la pérdida de empleos que estaban articulados al manejo de los sistemas agrícolas de subsistencia. Este tipo de agricultura, a diferencia de la importancia económica que tuvo para la industrialización de México puesto en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, dejó de formar parte de la reproducción del capital global y, por ello, las políticas públicas excluyeron a estos productores de los planes productivos, y los incluyeron en proyectos asistenciales para reproducirlos como fuerza de trabajo.
La respuesta de las poblaciones indígenas y campesinas a esta exclusión, sobre todo los más jóvenes, fue profundizar la emigración del campo a la ciudad, máxime al extranjero, para realizar actividades económicas ajenas al manejo maíz; esta migración, actualmente es la principal fuente de divisas del país (La Jornada, 2021, https://bit.ly/3e1GuB1). La expulsión de fuerza de trabajo alentó el uso de herbicidas para sustituirla. Sin embargo, la aplicación de este agrotóxico está aniquilando la biodiversidad de flora y fauna de los agroecosistemas y está conduciendo a la sociedad moderna a la nombrada 6ª extinción, donde el ritmo actual de pérdida de las especies es cerca de mil veces superior al de la época preindustrial (Ceballos y Ortega, 2011. https://bit.ly/3amqupN). Además, el uso de herbicidas produce bienes alimenticios contaminados que afectan a la salud humana, haciendo más débil al cuerpo humano y poco resistente al ataque de pandemias como la del Covid 19 que ha sumado más de 2.3 millones de muertos.
Otro efecto desastroso de la aplicación de herbicidas es que ha reconvertido a la milpa biodiversa en monocultivo de maíz, y con ello, ha originado que se pierdan prácticas agrícolas generadoras de empleo. Dentro de las actividades más afectadas por la aplicación de herbicidas están las dos labores de cultivo que las familias indígenas y campesinas realizan en la milpa, con la finalidad de controlar el crecimiento de las arvenses durante las primeras fases fenológicas del cultivo y para reproducir un agronicho adecuado al desarrollo de las plantas que se corresponda con las condiciones edafo-climáticas prevalecientes.
Realizar una labor de cultivo por hectárea requiere aproximadamente de tres jornadas laborales, una del campesino y otras dos generadas por la yunta. En las comunidades rurales, es común que el milpero que no tiene yunta recurra al que la tiene, mediante el siguiente intercambio: por cada día que el dueño de la yunta presta sus servicios de barbecho, surcado o labores de cultivo a otro, éste está obligado a restituirle tres jornadas de trabajo. Si únicamente le presta la yunta, la reposición equivale a dos jornadas de trabajo. Considerando que normalmente los milperos realizan dos labores de cultivo, el uso de este agrotóxico significa la pérdida de seis jornadas de trabajo por hectárea. Esto significa, que si se deja de utilizar herbicida se podrían recuperar 18 millones de jornadas, suponiendo que se siembran alrededor de tres millones de hectáreas de milpa en el país, que en términos de creación empleos por año, implican casi 50 mil.
Además, como se dijo en la sexta contribución publicada en este mismo portal el 24 de febrero, el modelo productor-innovador como política pública propone reconvertir los recursos orgánicos que hay en las ciudades en composta y bioinsumos agrícolas para paliar la fractura metabólica que ocasiona la división entre campo-ciudad. Para Marx (2006, https://bit.ly/3pYS4is), al crecer de un modo incesante el predominio de la población urbana, aglutinada en los grandes centros, la producción capitalista acumula, de una parte, la fuerza histórica motriz de la sociedad, mientras que de otra parte, perturba el metabolismo entre el hombre y la tierra, al no retornar a la tierra los elementos que fueron consumidos por el hombre en forma de alimento y de vestido, que constituye la condición natural eterna sobre que descansa la fecundidad permanente del suelo. Además, regresar al campo estos recursos orgánicos significaría desde el punto de vista agronómico regenerar la “calidad del suelo” que se define como “fertilidad” o la capacidad de un suelo para soportar sostenidamente plantas sanas y productivas; en este proceso, la materia orgánica es esencial para recrear la “calidad del suelo” (Jaizme, 2015. https://bit.ly/3q6JxKy).
Datos proveídos por Ernesto Méndez (2020. https://bit.ly/3bUYc6r), indican que en México se generan cerca de 43.8 millones de toneladas de recursos inorgánicos y orgánicos considerada como “basura”, siendo estos últimos alrededor del 46.4 por ciento; o sea, más o menos 20 millones de toneladas. Todos estos componentes orgánicos fueron extraídos del suelo agrícola y trasladados a las urbes donde terminan actuando como “basura orgánica” que, por un lado, empobrecen la fertilidad de los suelos y, a la vez, emiten gases efecto invernadero, y ocasionan graves problemas de salud a los humanos y al medio ambiente.
Con los 20 millones de toneladas de recursos orgánicos se pueden producir alrededor de 7.5 millones de toneladas de composta y cerca de 15 millones de empleos al año. El acopio del recurso orgánico, su procesamiento, embalaje y traslado a los campos agrícola pueden crear, al menos, dos empleos formales diarios por cada tonelada de composta y un kilolitro de bioinsumos que se produzca. Estamos hablando de la creación de millones de empleos que reducirían la migración campo-ciudad y restaurarían el tejido comunitario, la armonía sociedad-naturaleza y campo-ciudad. Se trata de empleos genuinamente verdes, que el campo potenciaría la biodiversidad de la flora y la fauna, así como todos los procesos de vida que ella recrea.
Palabras agudas
La burocracia dorada de la BUAP, sobre todo, los rectores, entran pobres y salen multimillonarios. Véase el caso de Enrique Aguera Ibáñez en el siguiente reportaje. https://bit.ly/3842sQ5. Además, en el mes de marzo de 2014, recibió la cantidad 686’489.33, pesos como pensionado directivo y en los demás meses un promedio de 125,000 pesos. Esta misma cantidad devengo en promedio durante los meses de 2015 y 2016. En cambio, l@s academic@s pensionad@s reciben en promedio una octava parte del salario de Enrique Aguera. ¡¡Qué buen negocio ha representado la autonomía universitaria para la corrupta burocracia dorada de la BUAP!!
Puedes leer la entrega anterior en la siguiente liga: https://www.angulo7.com.mx/2021/02/24/modelo-productor-innovador-propuesta-de-politica-publica/
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