A seis días que venza el plazo acordado con diputados para abordar la llamada Ley Agnes, feministas iniciaron campañas de información a fin de presionar; además, presentaron ante la CDH una denuncia por las supuestas agresiones en su contra durante la toma del Congreso.
La mañana de este martes, en “El Gallito” del Paseo Bravo, las mujeres se reunieron para colocar carteles y mantas donde manifestaron su demanda por la reforma al Código Civil para que personas trans puedan solicitar cambios en su acta de nacimiento, a fin de reconocer su identidad.
Indicaron que esta jornada será parte de una serie de acciones que llevarán a cabo esta semana, mismas que no quisieron detallar, aunque no descartaron medidas como protestas en redes o manifestaciones virtuales, sin embargo, aseveraron que por la actual pandemia de Covid-19 buscan evitarlo.
En entrevista a medios, Vanessa, de la colectiva Coatlicue Siempreviva, refirió que el plazo acordado con los diputados locales vencerá el lunes, por lo que estas acciones son una manera de “meter presión”, además de que buscan evidenciar “omisiones” de los diputados locales.
“Las campañas informativas en este primer momento son procesos de volanteo, acercarnos en la calle. Sabemos que estamos en tiempo de pandemia, que acercarse a la gente es peligroso, pero también es un mensaje a la población en general, a decirles que no es necesario que nosotros estemos en las calles, si estamos es porque no se han hechos los trabajos suficientes”, comentó.
Recordó que, en caso de que no se concreten los acuerdos firmados con la Junta de Gobernación y Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, planean voto de castigo e incluso acción legal, para lo cual -dijo- ya han tenido contacto con organizaciones de derechos humanos.
Presentan queja a CDH
La representante feminista informó que en días pasados se ratificó ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla una denuncia por presuntas violaciones de derechos durante la ocupación pacífica del Congreso local, en noviembre de 2020.
Indicó que este proceso está bajo resolución y que la querella es por declaraciones de legisladores que pudieron ser “violencia política”, la postergación del diálogo, la falta de autoridades -como la estatal y la Fiscalía General del Estado– a las mesas de trabajo durante la toma.
Asimismo, dijo que se denunció la “no atención a la salud de las compañeras”, quienes se enfermaron dentro del Congreso, además del Ingreso de la policía estatal y presuntos “hostigamientos” de seguridad privada dentro del inmueble.
