El actual magistrado Jorge Cruz Bermúdez y Gustavo Guzmán Fernández, están denunciados penalmente por desvíos de 300 millones de pesos cuando estuvieron al frente del Comité de Administración Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).
El secretario de Infraestructura, Daniel Gámez Murillo, dio a conocer en su comparecencia ante la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Congreso local, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Miguel Barbosa Huerta, tales anomalías que ocurrieron en las pasadas administraciones, ya que pagaron por obras inexistentes.
Refirió que cuando inició funciones la actual administración local “todo estaba mal”, detectando las irregularidades y el abandono en que estaban los planteles.
Puntualizó que las investigaciones siguen en proceso, por lo que no descartó que pudieran encontrarse más pruebas en contra de quienes estuvieron al frente del Capcce.
Sin embargo, no quiso detallar a los diputados durante la comparecencia cuánto del desvío corresponde a la gestión de Cruz Bermúdez y Guzmán Fernández, respectivamente.
No obstante, el panista Raúl Espinosa Martínez criticó que a pesar de que se tienen afectaciones que hasta en el 63 por ciento de las escuelas, durante el 2020 solo se intervinieron 530 escuelas, cuando se tienen 14 mil 906 en todo el estado, lo que muestra la falta de atención a este sector.
En su turno, el diputado perredista, Armando García Avendaño, lo cuestionó sobre cuantas fueron las empresas poblanas que participaron en los proyectos de infraestructura, pues en su campaña el ahora mandatario estatal dijo que las obras serán para las firmas locales.
Sin datos de empresas poblanas en obras
Sin embargo, Gámez Murillo justificó que esa cifra no la tenía, ya que los procesos de licitación estuvieron a cargo de la Secretaría de Administración, por lo que tenía que ser ésta dependencia la que debía dar la información, pero aseguró que “la mayoría” fueron con constructoras locales.
Mientras que la priista Rocío García Olmedo le increpó que en el informe que mandó a los diputados tenía contradicciones, pues informó que se intervinieron escuelas en seis municipios, pero en el anexo de proyectos prioritarios contempla otras obras en planteles, pero no está claro en donde se enfocaron.
A ello, respondió que no entendía por qué no le quedaba claro, pero que le daría un informe detallo a través de correo electrónico.
Asimismo, García Olmedo le comentó sobre si tenía el dato del recorte que sufrió su secretaría durante el año pasado, pero el funcionario dijo que eso tenía que darlo Finanzas, ya que es la que maneja los recursos, por lo que él no podía contestar a esa pregunta.
Se destinaron 2,500 mdp en infraestructura
Por otra parte, durante su comparecencia Gámez Murillo comentó que el año pasado se destinaron 2 mil 500 millones de pesos en infraestructura beneficiando a 5.6 millones de personas en 207 municipios y generando 31 mil empleos en el mismo número de demarcaciones.
Detalló que, de este monto, 942.5 millones de pesos, que corresponde al 37.7 por ciento del total que se invirtió en 208 acciones caminos, carreteras, puentes, vialidades urbanas, adoquinamiento, pavimentación y reconstrucción con concreto hidráulico que en conjunto representaron más de 460 kilómetros.
Además de que se intervinieron 16 centros culturales e iglesias en el mismo número de municipios, dañadas por los sismos de 2017, mientras que cuatro están en proceso de ejecución, para los que se invirtieron 33 millones 574 mil pesos, monto que obtuvo de dos convenios del Programa Nacional de Construcción.
