Las nueve entregas que se publicarán cada semana en el portal electrónico de Ángulo 7 cada miércoles, es la contribución que presenté en la consulta organizado por el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ganesan), que le fue solicitado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) para el proyecto: “promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios”. El CSA es una plataforma que articula a múltiples instituciones que se encuentran insertas en el sistema de las Naciones Unidas, y que tiene como objetivo la coordinación mundial en materia de seguridad alimentaria y nutrición.
El objetivo de la consulta, donde participamos 58 expertos en la materia, fue con el fin de recabar sugerencias y comentarios para que el GANESAN redacte el borrador del informe 0, que se expondrá en la 48ª sesión plenaria del CSA que se efectuará en octubre de 2021.
En esta consulta, expuse el modelo productor-innovador (MP-I) que puede cooperar a resolver 11 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS) propuestos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas desde 2015. En el modelo se enfatiza en la generación de empleos y en la autosuficiencia alimentaria en maíz, frijol y calabaza, tres granos básicos que han satisfecho necesidades auténticas de la dieta alimenticia de las familias indígenas y campesinas de México.
La implementación del MP-I como política pública es una alternativa a la crisis poliédrica que afecta la modernidad capitalista y que se expresa en varias aristas: a) insuficiencia alimentaria y hambre; b) desigualdad social; c) modificación de los parámetros climáticos por el aumento de las emisiones de gases efecto invernadero que se expresan en un mayor calentamiento de la tierra; d) agotamiento de bienes cruciales para el funcionamiento de las sociedades modernas; e) surgimiento de nuevas formas de contaminación; f) destrucción de la biodiversidad que está conduciendo a la nombrada 6ª extinción, y g) surgimiento de nuevas pandemias, como el Covid 19 causante de un poco más de dos millones de muertes, hasta ahora.
El MP-I parte de la siguiente premisa científica: la producción de granos saludables y nutritivos, así como la productividad, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agrícolas, son atributos que se encuentran potentemente influenciadas por la manera en cómo se manejan o gestionan. Por esta razón, el manejo constituye el núcleo conceptual sobre el que se construyó este modelo.
Para cuestiones de difusión en el portal electrónico de Ángulo 7, el texto se organizó en nueve entregas, siendo esta la primera. En la segunda se expone el manejo o gestión como núcleo epistémico para estudiar a los sistemas agrícolas; después, se presentan las raíces epistémicas de la revolución verde; la cuarta versa sobre el enfoque agroecológico; posteriormente se aborda el MP-I; para pasar a la sexta donde se caracteriza el MP-I como propuesta de política pública y en la séptima y octava se analiza las ventajas que posee el MP-I como generador de empleos y para conseguir la autosuficiencia alimentaria, de forma respectiva. Finalmente concluyen estas entregas para abordar la temática de la articulación que tiene el MP-I, para contribuir a resolver 11, de los 17 ODS planteados por la Agenda 2030.
Palabras agudas
En una de las ultimas audiencias públicas realizadas por el gobernador del estado de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta tuve la oportunidad de exponerle el acoso laboral y el despido injustificado perpetrado por la burocracia dorada de la BUAP y el posible contubernio que existe entre esta burocracia y el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla, Lic. Mario Arturo Daza Buendía, así como con la Lic. Julia Muñiz Merino, responsable de la Junta Especial número cinco, donde se llevan cerca de 1200 juicios laborales en contra de la administración de la BUAP, en la mayoría de los cuales no hay ningún avance jurídico. Al enterarse el gobernador de estas anomalías le ordenó al titular de la Consejería Jurídica de su gobierno, Ricardo Velázquez Cruz, que procediera a sustituir a los funcionarios antes mencionados. Sin embargo, hasta la fecha siguen en funciones.
¿Por qué el Consejero Jurídico hizo omitió cumplir las órdenes que le dio el Sr. gobernador? Al respecto se pueden plantear dos hipótesis que no son excluyentes. El Sr. Velázquez forma parte de la red de corrupción que la burocracia dorada ha tejido en la JLCA para evitar que se resuelvan los juicios laborales y/o que esta red de corrupción pretende quedarse con los terrenos de Vaquerías, utilizando como testaferro a José Luis Espinosa Vega, y que son propiedad irrefutable de los miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla. El precio de estos terrenos oscila en los 300 millones de pesos. ¡¡Sin duda alguna representa un pingue negocio!!
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