El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó renegociar o demandar la cancelación de los contratos con empresas que manejan ocho centros penitenciarios en el mismo número de estados, pues señaló que las cláusulas son abusivas y están ligados a políticos.
Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador remarcó que, tan sólo en 2020, la Federación pagó a los privados 15 mil 562 millones de pesos por el manejo de dichos penales, lo cual es casi la mitad del presupuesto destinado a la compara de vacunas.
Se trata de los penales de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Femenil de Morelos, Michoacán y Guanajuato, lo cuales suman una población de 12 mil 284 reos, mientras que su ocupación va del 32 al 78 por ciento.
Al respecto, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la presidencia, indicó que los contratos establecen que el gobierno debe pagar por la totalidad de la ocupación, aunque esta no se cubra.
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, detalló que estos contratos para siete de dichos penales fueron suscritos el 27 de diciembre de 2010, en tanto que el de Oaxaca fue firmado el 18 de marzo de 2011, es decir cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente, y Genaro García Luna, hoy preso por narcotráfico en Estados Unidos, fungía como su secretario de Seguridad.
“En aquel momento, los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales; por Arturo Sosa, director general de Administración, precisamente en la coordinación general de estos centros federales; y por Marco Antonio Villarreal, exdirector de Adquisiciones de la misma dependencia”, abundó.
Gobierno pagaría hasta 266 mmdp en 20 años
En cuanto a los montos, reveló que en nueve años el gobierno ha pagado 75 mil 661 millones de pesos, pero esta cifra corresponde solamente al 36 por ciento del total; de manera que la deuda asciende a 190 mil 638 millones de pesos, que se pagará en algunos penales en el 2032, y en otros hasta el 2036 o 2037.
“Así se hace un costo total proyectado a 20 años, es aproximado, de 266 mil 300 millones de pesos”, agregó,
Además, de un total de 22 mil 776 millones que ejerció Prevención y Readaptación Social (PyRS) en 2020, el 68.3 fue para pagar a las empresas privadas.
Hay denuncia contra García Luna
Ante este escenario, López Obrador reveló que incluso hay una denuncia presentada contra García Luna por la adjudicación de estos contratos, aunque no dio más detalles sobre los delitos por lo que se señala al exsecretario de Seguridad.
Agregó que los beneficiarios de estos contratos “son empresas muy vinculadas a políticos, mucho muy vinculadas a políticos”, pero se reservó dar los nombres “a menos que me lo pida el INAI”.
Asimismo, refirió que el consejero jurídico tiene la instrucción de hablar con los proveedores de los servicios penitenciarios “para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública”.
Pero también “se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo. Aquí vamos a estar informando”, adelantó.