Por mayoría, el Congreso local extinguió el Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado “Régimen Estatal de Protección Social en Salud”, que operaba el Seguro Popular, y con el que, a decir de Morena, en Puebla se facturaron más de 124 millones de pesos por servicios inexistentes.
En sesión ordinaria, los panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Raúl Espinosa Martínez manifestaron que la medida atenta contra la salud de los poblanos, por lo que exigieron a los gobiernos estatal y federal dar marcha atrás con la eliminación del OPD.
Aunque reconocieron que dicho sistema tenía carencias y era lento para otorgar el servicio, “al menos funcionaba”, no como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que apenas inició funciones en enero de este año.
En tanto, Gabriel Biesto Medinilla, de Morena, y Guadalupe Muciño Muñoz, del PT, salieron en defensa del dictamen, al señalar que el Seguro Popular era un “nido de ratas” con el uso de facturas apócrifas por la adquisición de medicamentos a través de empresas inexistentes.
Además, indicó, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha identificado que en la entidad durante los dos últimos gobiernos panistas, más de 124 millones de pesos fueron facturados por servicios de salud de los que no se tiene existencia.
Ataques a personal médico se perseguirá de oficio
De igual forma, el Congreso local aprobó que se persiga de oficio el delito de lesiones contra personal de la salud que atienda a pacientes durante una epidemia o pandemia, como en este caso la del Covid-19, a propuesta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Con esta reforma al Código Penal de Puebla, se busca imponer sanciones más rigurosas para castigar a quienes agredan, atenten o discriminen a trabajadores del sector salud público o privado en una emergencia sanitaria como la que está pasando el estado y el país.
Las modificaciones contemplan que se incluya en el artículo 306 que el delito de lesiones se persiga de oficio si estas son inferidas estando en un escenario de epidemia o pandemia, mientras que en al 344 fue para que se incremente la pena y multa en 50 por ciento por la misma causa.
Sobre el tema, la diputada de Morena, Tonantzin Fernández Díaz, comentó que 16 estados del país han reportado casos de agresión y discriminación hacia trabajadores de la salud durante la pandemia, situación de la que Puebla no está exenta.
Puso de ejemplo que tan solo en abril de este año, cuando estaba la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19, la entidad poblana ocupaba el lugar 12 con mayor número de ataques a personal médico que atendía a pacientes infectados.
