Miguel Barbosa Huerta propuso al Congreso que sea el gobierno estatal quien regule los espectaculares, ya que para los ayuntamientos no es posible; además, la iniciativa busca consignar que uno de cada diez anuncios sea para promoción turística y cultural.
El proyecto de ley, presentado por el gobernador, plantea que la construcción, instalación, modificación y retiro de estructuras publicitarias en vialidades estatales y federales pasará a jurisdicción el gobierno del estado, ya que resultaría “costoso e inviable” para los municipios la prevención y control de la contaminación visual.
Por tanto, esta facultad pasaría a la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), en caso de aprobarse la iniciativa.
De igual forma, una de cada diez estructuras deberá destinarse a promoción de patrimonio cultural y natural, así como actividades y servicios turísticos de Puebla, también para protección, conservación y restauración del medio ambiente y equilibrio ecológico.
La nueva regulación estipula que está prohibida la construcción de estas estructuras en áreas verdes y que deberán estar separadas a menos de 250 metros de distancia.
Dispondrán de bienes incautados
Mediante otra iniciativa, el titular del ejecutivo buscará que los diputados aprueben la creación del Instituto para la Administración de Bienes, el cual tendrá la facultad de vender, subastar o donar los bienes incautados a criminales o usados en actividades ilícitas.
Se tratará de un organismo público descentralizado, que actuará bajo los lineamientos de la legislación por aprobar “Ley para la Administración, Enajenación y Destino de Bienes del Estado”, y otorgará al gobierno del estado la jurisdicción para licitar o adjudicar lo asegurado.
El instituto podrá vender los bienes que le sean transferidos, cuando su valor sea igual o superior al precio base, con excepción de aquellos que deban ser conservados por determinación del Ministerio Público (MP) o de alguna autoridad judicial.
Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, así como la de Procuración y Administración de Justicia, respectivamente, donde serán discutidas y, en caso de aprobarse, se votarán en el pleno por los legisladores locales.
