Tras 10 meses sin registros, en enero de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por aborto en Puebla, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
Los datos obtenidos por el secretariado indicaron que sólo en enero y marzo de 2019 hubo, en cada mes, dos denuncias por la interrupción del embarazo.
Fue hasta enero pasado cuando nuevamente se registró dicho delito, que se mantiene en Puebla con castigos de seis meses a un año de prisión a “la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.
En octubre de 2019, el Congreso local avaló modificar el artículo 341 del Código penal eliminando tres causales con las que se incrementaban de uno a 5 años de prisión: que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que éste no sea fruto de matrimonio.
Sin embargo, se sigue considerando como delito, pese al llamado de organizaciones para despenalizar la práctica hasta la semana 12 de gestación y las mujeres sean libres de decidir sobre su cuerpo.
