Organizaciones civiles de Puebla exigieron a la CDH promover una acción de inconstitucionalidad por el cobro que hace el gobierno estatal para corregir actas de nacimiento, pues señalaron que es un impuesto por errores de autoridades y que viola derechos humanos.
Ante la falta de respuesta a la petición, formalizada en oficio fechado el 10 de enero, el pasado jueves Ángel Manuel López Rafael, presidente de la confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y uno de los signatarios, protestó con una clausura simbólica de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos (CDH).
Por su parte, el titular del organismo, José Félix Cerezo Vélez, le contestó que impugnar dicho cobro no es de su competencia, argumentando que se trata de una “interpretación” de la ley, y sólo le prometió abrir un expediente de queja por los hechos señalados.
En el documento, las organizaciones firmantes indican que la norma a impugnar corresponde al artículo 27, fracción V, incisos a, b, c y g, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla.
La redacción de este ordenamiento, para el ejercicio fiscal 2020, establece el pago de las siguientes cantidades por “derechos” a servicios: a) 250 pesos, por el “trámite de aclaración o rectificación administrativa de acta de registro del estado civil de las personas”; b) 80 pesos, anotación marginal administrativa de los actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas en el libro original o duplicado, por cada una.
Asimismo, 80 pesos, por “anotación marginal derivada de sentencias ejecutoriadas que declaren actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas en el libro original o duplicado, por cada una”, y 120 pesos, por expedición de constancias y/o copias certificadas de actas, mediante servicio urgente en la ciudad de Puebla, incluyendo forma oficial valorada”.
Es impuesto por derecho a identidad, acusan
A juicio de las organizaciones, estas tarifas no corresponden al pago de un derecho, sino a un impuesto a los ciudadanos para “recuperar su acta de nacimiento”, que les da el “derecho a la identidad” y a la “nacionalidad”.
En este sentido, consideraron que la ley estatal viola, en principio, el artículo 4 constitucional, en su párrafo 8, donde se garantiza el derecho a la identidad y la obligación del Estado para expedir gratuitamente la primera copia del acta de nacimiento.
Sobre este punto, acotaron que, según el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el acta es un documento público cuya formación compete a funcionarios del Estado, por lo que el ciudadano no tiene responsabilidad alguna por los errores o imprecisiones que haya en él, de manera que los cobros violan el derecho a la seguridad jurídica.
También –abundaron— viola el artículo 6 constitucional, en su fracción III, donde se establece que toda persona “tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o la rectificación de estos”.
Por lo anterior, calificaron como “inadmisible” y “carente de justificación jurídica” la decisión del gobierno estatal de incluir dichos cobros en la ley de ingresos, así como la aprobación por parte del Congreso poblano.
Ombudsperson omite grave problema de fondo: López
En entrevista con Ángulo 7, López Rafael criticó que, al sólo platear una queja y eventualmente una recomendación, Cerezo Vélez omite atacar un grave problema de fondo, el cual consiste en que el Estado no garantiza a las personas el derecho a un documento que reconozca su identidad y nacionalidad.
Al carecer de acta de nacimiento –expuso— la persona no puede tramitar otros documentos básicos (como la credencial de elector y la CURP), que su vez dan acceso a atención médica y programas sociales para la población más vulnerable.
De acuerdo con sus estimaciones, al menos 750 mil personas en puebla, principalmente nacidas antes de 1982, se ven en la situación de tener que rectificar su acta de nacimiento para no tener problemas de identificación.
Por ello, señaló que dará seguimiento a cómo la CDH procese su petición e insistirá en que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
