De 2014 a 2018, durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, Servicios de Salud del Estado de Puebla desvió al menos 124 millones 179 mil 135 pesos pagando facturas de supuestos servicios que resultaron emitidas por empresas fantasmas.
Así lo exhibió el estudio “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, presentado este lunes por la organización Impunidad Cero, donde el Organismo Público Descentralizado (ODP) resalta como el séptimo a nivel nacional por el monto presuntamente desviado, incluso superando a estados más grandes, como Jalisco y Chihuahua.
Además, revela a las empresas fantasmas que recibieron más recursos públicos de instituciones de salud públicas. Esto, a pesar de que muchas de ellas estaban en la lista definitiva de factureras que el SAT publica y actualiza de manera periódica.
Según el decreto del Congreso poblano por el que se creó, en 1996, Servicios de Salud del Estado de Puebla tiene dentro de su patrimonio los bienes muebles e inmuebles de salud que la Federación de le ha trasferido al estado, así como los fondos de aportaciones de empresas y gobierno.
Opera mediante “los recursos financieros que reciba de los gobiernos federal, Estatal y Municipales, así como los que obtenga por concepto de cuotas de recuperación, por la prestación de sus servicios”.
En este sentido, vale mencionar que, tan sólo para el ejercicio 2010, el Congreso poblano aprobó un presupuesto de 5 mil 204 millones 941 mil 925 pesos para que siga operando.
Develan esquemas con los que desviaron hasta 4 mmdp
De acuerdo con el documento de Impunidad Cero, los investigadores detectaron estos casos de corrupción accediendo a los comprobantes fiscales y contratos mediante solicitudes realizadas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que suman 344, dirigidas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependencias federales y estatales.
El esquema general de desvío consiste, primeramente, en que las instituciones de salud conceda contratos por bienes o servicios mediante adjudicación directa e invitación directa (a un grupo selecto de empresas), lo cual permite a funcionarios realizar “contrataciones a modo”, evitando las restricciones de las licitaciones públicas.
Posteriormente, las empresas fantasmas emiten, a favor de las instituciones, facturas por productos de los que no queda constancia, pero de una forma peculiar, que consiste en expedir muchas en periodos muy cortos de tiempo (a veces horas), pero sumando grandes montos.
“En el caso de Chiapas, en 2015 una empresa expidió 17 facturas a favor del Instituto de Salud en tan solo dos horas, por un monto total de 72 millones de pesos. Estas facturas pudieron haber sido pagadas a la misma velocidad”, ejemplificó el estudio.
Las facturas falsas, en tanto, pueden corresponder tanto personas morales como físicas. En el primer caso, se detectaron, como métodos recurrentes, facturas en ceros, con “descuentos” y canceladas. Estas últimas, hasta 2016, desaparecían para el SAT al momento de ser eliminadas por algunos de los dos actores (factureros o instituciones).
Lo anterior “permite el desvío de recursos públicos a una empresa que simula la comercialización y distribución de medicamentos”. En el periodo estudiado, el monto desviado ascendió a 4 mil 179 millones 46 mil 254 pesos en instituciones de 30 entidades federativas, a través de 22 mil 933 facturas falsas.
