Durante 2019, se registraron 48 mil 670 carpetas de investigación iniciadas de 12 delitos en Puebla, de las cuales sólo 7 mil 291 fueron concluidas, que representa el 14.98 por ciento del total, pero sólo en 58 de las denuncias los casos llegaron a una sentencia.
Esto, de acuerdo con el informe, de enero a diciembre, hecho por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) Observatorio Ciudadano, a cargo de Juan José Hernández López, mismo que fue dado a conocer este jueves.
En el documento, se especifica que se elaboró con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), con corte al 20 de enero de este año, en el que se precisa que las 58 sentencias apenas corresponden al 0.12 por ciento del total de carpetas iniciadas.
Los delitos que fueron considerados son homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, secuestro, extorsión, violación, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, robo a transportista.
Este análisis arrojó que en los últimos 3 años se dio un incremento en las carpetas de investigación iniciadas (CII) del 112.8 por ciento, al pasar de 22 mil 875 en 2016 a las 48 mil 670 el año pasado, además de que año con año aumentaron, pues en 2017 fueron 39 mil 289 en 2017 y en 2018 llegaron a 46 mil 530.
De mayor a menor los delitos en donde más se dieron CII son robo con violencia 19 mil 750; robo de vehículo 13 mil 399; robo a negocio 5 mil 112; robo a transeúnte 2 mil 729; robo a casa habitación 2 mil 651; robo a transportista 2 mil 127; homicidio doloso mil 108; violación 919; homicidio culposo 555; extorsión 192; secuestro 70 y feminicidio 55.
Asimismo, se detalla que del total de carpetas 3 mil 815 se calificaron como “Determinación del no ejercicio de la acción penal (Dnoea)”; mil 62 registradas como “Facultad de Abstenerse a Investigar (FAI)”, mil 393 como “Archivo Temporal (AT)” y “788 clasificadas como Archivo Definitivo (AD)”.
Robo a vehículo y secuestro, con más sentencias
En el caso de las 58 sentencias que se dieron 15 por robo a vehículo; 14 por secuestro; 12 por robo con violencia; seis por feminicidio; tres por robo a transportista; dos por robo a transeúnte, dos por homicidio doloso, dos por violación, una por robo a casa habitación y una por robo a negocio.
Ante esto, el Igavim refirió que estas cifras reflejan que en los ministerios públicos siguen sin cubiertas algunas de sus necesidades como son insumos, logística, médicos legistas, personal en general, lo cual debe ser atendido porque es el primer paso para mejorar la atención de la ciudadanía.
Sin embargo, resalta que la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo diversos acercamientos con el Congreso local en donde expuso la importancia de cubrir sus necesidades, por lo que para 2019 se dieron los primeros avances en recursos económicos y personal.
Además de que al comparar el 2019 con el 2018 se puede observar que hubo un avance importante en las carpetas de investigación concluidas del 202.64 por ciento, sin embargo esto no se refleja aún en el desempeño total del organismo.
Esto porque las debilidades de logística observadas en algunas ministerios públicos justifican que el ciudadano tenga desinterés por denunciar, sumado a que la FGE continúa sin tener desglosados los registros del gasto económico promedio que se utiliza por delito.
Y que aún persisten debilidades por deficiencias operativas de años anteriores, lo cual ha generado un limitado desempeño laboral en algunas fiscalías, desatención a la ciudadanía y un seguimiento inadecuado y lento, pues si el delito no tiene la atención ni el seguimiento oportuno dentro de la procuración de justicia, el proceso para la reducción del delito será lento, limitando el trabajo de seguridad en los municipios.
