Al pronunciarse por primera vez sobre la detención de 14 activistas en Amozoc el 23 de junio, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla rechazó los señalamientos de desinterés en el caso, que calificó “falsos” e interesados, y aseguró que intervino por los encarcelados y sus familias.
Lo anterior, este jueves por la tarde, en respuesta a las críticas de Marco Mazatle Rojas, miembro del Observatorio Ciudadano Laboral, quien acusó “prácticas morenovallistas” en la CDH respecto al caso de los detenidos, e Hilario Galleros Gómez, representante del Movimiento Nacional Ruta 5, quien la acusó de ser “macetero” ante el caso Chalchihuapan.
A través de un pronunciamiento, el organismo encabezado por José Félix Cerezo Vélez refirió que, el 29 de junio, “se emitieron medidas cautelares para protección y seguridad de los familiares de los detenidos, y se solicitaron medidas cautelares para salvaguardar la integridad física de las personas que fueron detenidas y se les brindara atención médica en el centro penitenciario donde fueron recluidos”.
Agregó que acudió a Amozoc con los servicios del ombudsmóvil “para recabar las quejas de las personas que fueron presuntamente violentadas en sus derechos humanos”, aunque no detalló si se reunión con los familiares de los detenidos ni si se entrevistó con estos.
En este sentido, remarcó que está abierto al diálogo y comprometido “con los grupos organizados que verdaderamente enfocan su labor en el fortalecimiento de la cultura de respeto de los derechos humanos (…) rechazando todo acto de provocación”.
Respecto a la solicitud de reapertura de caso Chalchihuapan, donde el desalojo de manifestante en 2014, por parte de fuerzas estatales, causó la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, reiteró que “debe ser turnada a la CNDH para su conocimiento y resolución”, pues una vez que este organismo nacional atrajo el asunto, ya nos es de su competencia.
