Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, informó a los titulares del gabinete legal y ampliado “la necesidad de reducir en al menos 50 por ciento el gasto asignado a servicios generales y de operación, como lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así lo dio a conocer este jueves la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de un comunicado de prensa, donde se señaló que esta medida está fundamentada en la Ley Federal de Austeridad Republicana y atiende a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con Sandoval Ballesteros, se deben aplicar medidas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto en toda la Administración Pública Federal considerando que se ha reducido la ocupación de oficinas y el uso de diversos insumos.
Remarcó que, de conformidad con la política de austeridad, la medida tiene como propósito liberar recursos para atender la contingencia, por lo cual indicó que las áreas de administración y finanzas no deberán realizar pagos por servicios que no hayan sido contratados hasta ahora, ni comprometer recursos adicionales en rubros no sustantivos.
Salud, Ejército y GN, exentos de medida
Sin embargo, estas medidas no aplican para las áreas de Salud, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, “que están atendiendo la emergencia sanitaria y las que dan continuidad a los proyectos prioritarios del Gobierno de México”.
La funcionaria subrayó que, como establece dicha legislación, los entes públicos deberán abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, previstos en la Constitución federal y tratados internacionales de los que México sea parte.
Asimismo, les indicó que deberán enfocar las medidas de austeridad republicana preferentemente en el gasto corriente no prioritario y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.
Recordó que, de acuerdo con la ley, la Función Pública tiene la facultad de vigilar y fiscalizar la gestión gubernamental de los entes públicos, verificando que las medidas de austeridad republicana se apliquen de conformidad con lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables.
En caso de encontrar violaciones a las medidas de austeridad republicana, advirtió que se podrán iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
