La Secretaría de Gobernación (Segob) Federal exhortó al Congreso de Nuevo León a no aprobar reformas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes e infrinjan la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos.
Y es que se presentaron reformas a la Constitución y Ley de Educación locales que incluyen un veto o ‘pin parental’ de madres y padres sobre los contenidos educativos, despojan al Legislativo de su rectoría constitucional para definirlos.
A través de un comunicado de prensa, la Segob afirmó que las modificaciones que se pretenden hacer afectan el interés superior de la niñez al restringir los derechos ellos y adolescentes a la educación sexual, así como el derecho a la educación laica, basada en la ciencia y los derechos humanos.
Vulnera varios derechos
Dicho exhorto se hizo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), hacen un llamado a los integrantes del Congreso de Nuevo León a velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes y a proteger la Constitución.
Dicho Congreso está próximo a poner a votación una reforma a su Constitución local en materia educativa que debe entenderse en el contexto de la iniciativa a la reciente reforma a la Ley de Educación estatal y del debate sobre el llamado ‘pin parental’.
En su conjunto, las reformas posibilitan la pérdida de la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos al trasladar a las madres y los padres de familia un amplio veto sobre estos. Las reformas contravienen el Interés Superior de la Niñez y el derecho a la educación bajo los principios rectores constitucionales e infringen la competencia federal sobre la materia.
La reforma a la Constitución de Nuevo León prevé, entre otras cosas, una modificación al artículo tercero, párrafo noveno, para permitir a madres y padres tener un “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Por su parte, la iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal sobre el ‘pin parental’ establece que los padres, madres y tutores tendrán derecho a dar su consentimiento previo sobre el contenido de las clases y actividades, talleres y charlas, “que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas”.
Se declararía inconstitucional
Las reformas, de aprobarse, podrían ser declaradas inconstitucionales por las autoridades competentes al violar los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos al restringir el derecho a la educación bajo los ejes rectores que prevé la Constitución y los tratados de los que México es parte.
Además, las reformas extralimitan la competencia del Congreso de Nuevo León para legislar en materia educativa al referirse a los contenidos de planes y programas de estudio. La federación, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene competencia exclusiva sobre la definición de estos contenidos, sujetándose a los principios rectores que extensamente establece el artículo tercero constitucional.
La única participación de autoridades locales y otros actores sociales es a través de opiniones que pueden emitir a la SEP. Esto no autoriza a madres y padres de familia a emitir vetos o ‘pines parentales’ sobre los contenidos educativos.
