A través de una denuncia ciudadana, más de 500 habitantes del estado de Morelos y organizaciones civiles solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que investigue y sancione a todos los ex funcionarios públicos involucrados en el accidente del Paso Exprés, del 12 de julio de 2017, mismo que costó la vida de dos habitantes de la región.
En la denuncia, que se presentó ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en el marco del Segundo Informe de Gobierno del presidente, los afectados pidieron la intervención de Irma Eréndira Sandoval, secretaría de la Función Pública, Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes y Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos para que se reabra el caso y se dé con los responsables.
Señalaron que pese a que se sancionó a José Luis Alarcón, director General SCT-Morelos y a Teresa León, residente de Obra, las autoridades omitieron señalar y castigar como responsables a Óscar Callejo Silva, subsecretario de Infraestructura; José Antonio Rodarte, coordinador de Centros SCT; Ernesto Cepeda Aldape, director Adjunto de Construcción y Clemente Poon Hong, director General de Carreteras del pasado gobierno peñista.
Recordaron además en el escrito, que en la auditoría 358-DE, perteneciente a la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación informó que el 12 de julio de 2017 se formó un socavón de cinco metros de profundidad debido a que el tubo de drenaje que pasaba por el lugar fue insuficiente para desalojar el agua de las lluvias.
Alertaron
Agregaron que la necesidad de ampliar la capacidad de desagüe fue advertida por la Comisión Estatal del Agua de Morelos (Ceagua), por los vecinos de la zona, por Protección Civil municipal y por la propia empresa constructora; sin embargo, los funcionarios de la SCT a cargo de la obra hicieron caso omiso y la vía, de 14.5 kilómetros, fue inaugurada el 5 de abril de 2017.
“Por lo anterior se concluye que, del análisis de los argumentos y la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, los servidores públicos de la SCT aun teniendo conocimiento de las fallas que se presentaban en el km 93+857 del Paso Exprés y del riesgo que representaba la falta de reparación de la alcantarilla, acordaron no realizar las recomendaciones técnicas sugeridas, dejando dicha obra en las condiciones en que se encontraba, no atendiendo las solicitudes y recomendaciones de las que tuvieron conocimiento”, indicó la ASF.
El Paso Exprés, indicó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en septiembre de 2017, tuvo un costo total de 2 mil 213.5 millones de pesos, y registró irregularidades desde el comienzo, pues el contrato de la obra fue firmado sin contar con un proyecto ejecutivo autorizado.
La omisión de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuando era encabezada por Gerardo Ruiz Esparza en el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca causó un daño al erario de 101.5 millones de pesos, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El costo de la reparación del tramo afectado, incluida la obra hidráulica, no fue asumido por las empresas constructoras de la vía como la SCT informó en su momento, sino que se pagó con recursos públicos.
“Los servidores públicos encargados de la construcción del Paso Exprés no atendieron las advertencias, recomendaciones y soluciones emitidas por Ceagua, los colonos de Chipitlán y la dirección General de Protección Civil Cuernavaca, e incluso de la contratista encargada de los trabajos de construcción (de la vía), lo que generó la ejecución de trabajos de emergencia por 24 millones 960 miles de pesos y 76 millones 507.9 miles de pesos para la construcción de la Estructura Intermedia”, señaló el órgano fiscalizador.
