La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a tomar acciones contra los casos de curas que violen a menores de edad, como un registro de pederastia clerical y un mecanismo de denuncias que evite las “conciliaciones”.
Lo anterior, a través de un exhorto publicado este lunes, derivado del informe en el que los Legionarios de Cristo reconocen que al menos 175 menores fueron violados por 33 de sus sacerdotes, el 34 por ciento por el fundador de la orden, Marcial Maciel Degollado.
De estos sacerdotes, sólo uno está sentenciado y otro en proceso penal, mientras que el resto libró la acción de la justicia civil, en México y otros países donde tiene presencia la congregación, por la prescripción del delito o por la muerte de los agresores, como fue el caso de Maciel Degollado.
El “Informe 1941-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la Congregación de los Legionarios de Cristo desde su fundación hasta la actualidad” fue publicado en diciembre pasado.
Ante estas cifras, la planteó, ante la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob, que, de forma coordinada con las instancias competentes, se implementen las siguientes siete acciones:
1. Garantizar que las actividades de las agrupaciones religiosas se apeguen a los estándares legales sobre respecto, promoción y protección de los derechos de la población menor de edad, y que reconozcan a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.
2. Promover con líderes y organizaciones religiosas la prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como mecanismos de denuncias antes las autoridades competentes, evitando procedimientos de carácter conciliatorio.
3. Implementar protocolos de prevención y atención a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, señalando obligaciones a sus líderes y adeptos, así como las consecuencias de no atender a las víctimas.
4. Implementar dichas actividades de prevención y protección en escuelas, albergues, estancias infantiles, centros de asistencia social comedores, casas de retiro, o cualquier otro lugar relacionado con su objeto social.
5. Implementar registros donde se compilen datos desagregados sobre la incidencia de delitos sexuales por ministros o integrantes de cultos religiosos.
6. Asegurar prácticas que eviten la victimización secundaría y la difusión de datos personales de niñas, niño y adolescentes víctimas de violencia sexual.
7. Coordinarse con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para implementar acciones de capacitación para la población menor de 18 años y a las organizaciones religiosas.
Asimismo, condenó todo acto de violencia sexual contra menores de edad y reiteró que su compromiso para trabajar conjuntamente para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Cabe recordar que, la semana pasado, salió a luz pública el caso de Biani López-Antúnez, quien cuando tenía de diez años, narró a su maestra los abusos sexuales de los que ella y varias de sus compañeras fueron víctimas por el cura Fernando Martínez Suárez, miembro de los Legionarios de Cristo, en la capilla del exclusivo Colegio Cumbres de Cancún.
