La Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que incluye imponer sanciones de hasta siete años de prisión y una multa de 86 mil pesos a las personas que tomen casetas en carreteras federales con fines de lucro.
Lo anterior, con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones, así como una discusión que dividió a la bancada de Morena, pues algunos legisladores acusaron que el dictamen criminaliza la protesta social.
Y es que la nueva legislación establece que, a quienes obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulan en las vías generales de comunicación, se les sancionará con seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil Unidades de Medida y Actualización vigentes
Además, endurece hasta nueve años de prisión la pena máxima para quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación o los medios de transporte.
Se aplicará la misma pena por interrumpir la prestación del servicio u operación de las vías generales de comunicación, así como restringir el tránsito de los medios de transporte.
