La CDH emitió una recomendación al ayuntamiento de Tepeojuma derivado de que, en marzo de 2019, policías municipales detuvieron a un habitante del municipio por una falta administrativa, pero no lo remitieron al juzgado calificador y, además, lo golpearon.
El organismo autónomo abrió el expediente 3502/2009 como una queja oficiosa tras darse a conocer el hecho en notas periodísticas, motivo por el que visitadores de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) buscaron al afectado, quien les ratificó los hechos
En el documento, se explicó que el habitante luego de ser detenido fue trasladado a las instalaciones de la comandancia municipal, lugar donde fue agredido físicamente por elementos de la policía, ya que uno de ellos le propinó un puñetazo y lo tiro al piso.
Los efectivos tampoco llevaron a cabo el procedimiento administrativo correspondiente para garantizar el debido proceso, como ponerlo a disposición del juzgado calificador, practicarle una valoración médica, darle a conocer sus derechos como persona detenida, realizar las manifestaciones en su defensa, en su caso aportar pruebas.
No obstante, le aplicaron una multa económica de 500 pesos como condicionante para obtener su libertad, lo cual fue acreditado por la persona detenida quien mostró a trabajadores del organismo el recibo de pago con sello oficial de la presidencia.
Al recabar la información, la Sindicatura Municipal, en octubre de dicho año, negó que hubiera registros del ingreso, detención, puesta a disposición o procedimiento administrativo del quejoso, ya que no contaba con reporte de dichos hechos.
Deberán regresar monto que pagó por multa
Ante esto, la CDH manifestó que, si bien es cierto que en ocasiones se requiere el uso de la fuerza pública para repeler las agresiones que pudiera intentar una persona que se resiste a su aseguramiento y custodia, no fue el caso.
Derivado de lo anterior, el organismo autónomo acreditó que hubo violaciones a la seguridad jurídica, legalidad y trato digno, por lo que emitió una recomendación a la Comuna de Tepeojuma, encabezada por el edil Manuel Ismael Gil García, en la que pidió regresarle los 500 pesos que le solicitaron a la víctima para dejarlo en libertada, así como la reparación integral, que contempla integrarlo al Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
De igual forma, tendrán que darle atención psicológica que restablezca su salud y emocional de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos, y se actualice el Bando de Policía y gobierno de Tepeojuma, en un término no mayor a 90 días naturales.
También, que a través de la Contraloría Municipal, se proceda a la investigación en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, además de que se tendrá que ofrecer una disculpa pública a la víctima, en un plazo máximo de 90 días naturales.
