La CDH de Puebla acreditó que policías de San Martín Texmelucan detuvieron de manera arbitraria a tres fotógrafos en mayo y agosto de este año, a quienes golpearon, luego de que cubrían hechos periodísticos, por lo que emitió una recomendación a la Comuna.
De acuerdo con el expediente 3848/2020 y sus acumulados 3864/2020 y 4023/2020, el primer hecho ocurrió el 26 de mayo cuando uno de los afectados se acercó a tomar fotografías de la detención de un vehículo por parte de los uniformados, cuando tres de ellos lo empujaron y otros lo bajaron de su moto.
Luego, lo ingresaron a la comisaría de dicho municipio, lo hincaron, esposaron y golpearon ya estando dentro de las instalaciones, además de que no fue sujeto a ningún procedimiento administrativo, no se le realizó valoración médica y tampoco le hicieron de su conocimiento los derechos que tenía como persona detenida.
De igual forma, el afectado relató a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) que al momento de la detención llevaba 5 mil 500 pesos en su cartera, así como otra bolsa con 54 mil 500 pesos y un celular; después de 2 horas y media, le hicieron firmar y poner huellas en hojas que no pudo leer; aunque lo dejaron en libertad, no le dieron todas sus pertenencias.
El otro hecho fue el 28 de agosto cuando la persona afectada estaba acompañado de otros dos, quienes empezaron a grabar cómo elementos de Tránsito Municipal golpearon a un chofer de un camión, por lo que al darse cuenta de eso, los detuvieron y golpearon, aunque uno de ellos pudo avisar por Whatsapp a sus familiares.
Esto derivó que un contingente de personas afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad protestara para exigir que los liberaran; aunque obtuvieron su libertad, se corroboró que fue ilegal, pues no fueron puestos a disposición de la autoridad competente.
Así, la CDH acreditó que hubo violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, por lo que emitió la recomendación 24/2020 al ayuntamiento de San Martín Texmelucan encabezado por Norma Layón Aarun.
Comuna deberá ofrecer disculpa pública
Ante esto, la Comuna deberá ofrecer una disculpa pública por los hechos en un término no mayor a 90 días naturales en el que estén presentes los tres afectados y autoridades municipales, así como otorgar atención psicológica a las personas que habían sido detenidas.
Tendrá que abrir un procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos involucrados en los hechos, así como un proceso igual a través de la Contraloría luego de que, aunque hubo una queja por parte de las víctimas en el Consejo de Honor y Justicia de la dependencia, esta fue desechada.
Además, diseñar un mecanismo de supervisión para que los uniformados se limiten a actuar solo conforme a sus atribuciones, y que sean capacitados en materia de respeto y protección a los derechos humanos, lo cual tendrá que acreditarse ante la CDH.
