La CDH dio a conocer que, en 2019, en el Cereso de San Miguel se realizaron fiestas en el área masculina a las que acudían reclusas y que incluso a algunas les pagaban, lo cual fue con anuencia de las autoridades del penal, por lo que emitió una recomendación a la SSP.
Esto, de acuerdo con el expediente 7241/2019, y sus acumulados 7243/2019, 7245/2019 y 7247/2019, que abrió luego de diversas notas periodistas en las que relataban, además de estos hechos, otros señalamientos como que vendían en 15 mil pesos la celda, que había un área conocida como “la perrera” a donde llevaban a quienes no cooperaban y cobros de 20 pesos por visita, así como extorsiones.
En el documento, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) señaló solicitó un informe al encargo de la dirección del Cereso, quien contestó negando dichos señalamientos, ya que no había reporte de ello y en que en todo caso las notas eran falsas.
A la par de ello, se entrevistaron a diversos internos tanto del área masculina como femenil de dicho penal y si bien estos no confirmaron si fueron ciertos todos los hechos dados a conocer en las notas, la realización de fiestas fue cierto.
En ese tenor, el organismo autónomo acreditó que, en distintas fechas, hasta noviembre del año pasado, principalmente los viernes, sábado y domingos, se llevaban a cabo estas reuniones con anuencia de las autoridades penitenciarias que se encontraban en funciones en ese momento.
Además, se brindaban las facilidades para que las reclusas que estuvieran de acuerdo en acudir, fueran conducidas al área masculina donde estaban los reos y que por estas actividades algunas de ellas recibían cierta cantidad de dinero.
La comisión asentó que la realización de dichas fiestas resulta violatoria de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, ya que los instrumentos internacionales en la materia, sostienen la separación entre la población penitenciaria, de manera concreta entre hombres y mujeres, destinando espacios específicos, para su estancia y el desarrollo de sus actividades conforme a su programa de reinserción social.
De igual forma, manifestó que se detectó que los menores que se encuentran en compañía de sus madres privadas de la libertad cuentan con una atención deficiente en materia de salud, educación y alimentación, pues si bien se tiene una ludoteca para ello, no se tiene personal especializado para ello.
SSP debe reparar el daño
Derivado de esto, la CDH emitió la recomendación 25/2020 a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Raciel López Salazar, al acreditar violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, trato digno, a la integridad y seguridad personal de las reclusas y a la seguridad jurídica de los menores que viven con sus madres en el penal.
Por ello, la SSP deberá poner en marcha medidas para evitar cualquier tipo de contacto entre la población penitenciaria varonil y femenil dentro del Cereso, así como la reparación de los daños causados a personas relacionadas con estos hechos, la cual debe basarse en capacitación para que desarrollen nuevas habilidades que les permitan construir un proyecto de vida lejos de la delincuencia, con valores y disciplina.
También, deberá gestionar el presupuesto necesario para contratar al personal especializado para la ludoteca en materias como pediatría, neonatología, estimulación temprana, educadoras y puericulturistas y las adecuaciones de infraestructura inmobiliaria y de equipamiento para garantizar la atención adecuada de los menores que ahí se encuentran.
De igual forma, deberá instruir al personal del área médica y de Seguridad y Custodia para que se sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como capacitación en materia de respeto y protección de los derechos humanos.
Finalmente, deberá iniciarse un procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa, en contra de los servidores públicos del área médica, así como de Seguridad y Custodia y colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) para la integración de la carpeta para esclarecer los hechos ya que pudieran ser constitutivos de delito.
