El Senado declaró la validez de la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución, para que el Presidente de la República pueda ser juzgado por diversos delitos y corrupción, luego de que el decreto fue aprobado por 17 congresos locales, entre ellos el de Puebla.
De acuerdo con la nueva redacción constitucional, el Presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común, durante el tiempo de su encargo.
Sin embargo, “sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores”, y una vez que ésta, “erigida en jurado de sentencia”, conozca la acusación, aplicará la sanción correspondiente.
Para ello, se precisa de una resolución con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión, además de que se hayan desahogado las diligencias y comparecencia del acusado.
Además de Puebla, han avalado la reforma los Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
La declaratoria fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con su trámite constitucional.
