La SCJN falló a favor de 137 concesionarios cuyas unidades fueron sacadas de circulación con la Línea 2 de RUTA en 2015, por lo que el gobernador Miguel Barbosa Huerta ordenó regresar los títulos a los exdueños, sin embargo, en la SMT los permisos fueron revendidos.
Así lo acusaron afectados, quienes, en entrevista con Ángulo 7, recordaron que con la llegada de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) –proyecto del panista Rafael Moreno Valle– 562 concesionarios fueron presionados para renunciar, de los que 426 accedieron, para que fueran reemplazadas por las “alimentadoras”.
El 9 de abril de 2015, la entonces Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIT), a cargo de Luis Banck Serrato, decretó “por causas de utilidad pública e interés general” el rescate de 137 concesiones, es decir, de quienes no accedieron a “los engaños”.
Se trata de títulos que operaban las rutas Agua Azul Mayorazgo-Galgos Sur (95 en circulación), 1 (16), 25 “a” (14), 25 “b” (11) y sólo una de la 34 “a”, cuyos 89 dueños fueron notificados de la determinación unilateral del gobierno del estado a primeras horas del siguiente día, el 10 de abril, cuando, afuera de sus casas, estaba pegado el decreto.
900 choferes, sin empleo de la noche a la mañana
En el oficio de 28 hojas se argumentó que la SIT y Carreteras de Cuota Puebla (esta última que intervino en 2014 en la operación de RUTA) tenían la facultad de rescatar las concesiones por “causa de utilidad pública”, además de que fijaría el monto de indemnización.
Justificó que el sistema de las 137 unidades “ya no era pertinente a las condiciones en la zona Norte-Sur (como afluencia vehicular, número de usuarios atendidos, demanda de los viajes origen destino, entre otros)”, además de que el modelo tradicional hombre-camión afectaba el medio ambiente.
En conclusión, se señaló que “el proyecto propuesto mejorará sustancialmente la oferta de transporte público de la cuarta ciudad más importante del país al hacer más accesible diversos modos de transporte motorizado y no motorizado, fomentando la integración física, operacional y tarifaria, reduciendo los tiempos de viaje, los costos de operación vehicular y las externalidades negativas”.
A las 3 de la madrugada del 10 de abril de 2015, mientras los operadores de la Línea 2 y alimentadoras se preparaban para arrancar, la SIT hacía lo mismo para entrar en operativo y sacar de circulación las 137 unidades, cuyos choferes, al igual que sus jefes, desconocían el decreto en el que se ordenó dar de baja los permisos.
Sin ser indemnizados, ese día no sólo perdieron los 89 concesionarios de los 137 camiones –que fueron llevados al corralón– sino que en un abrir y cerrar de ojos 900 choferes se quedaron sin empleo.
A raíz de ello, la casi centena de dueños se ampararon; en respuesta, el 27 de noviembre de 2018, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito falló a favor de los afectados, a través de una jurisprudencia en la que ordenó dar a los concesionarios derecho de audiencia, pero la resolución no fue publicada sino en diciembre de 2019, cuando Guillermo Pacheco Pulido llegó a la gubernatura interina.
“Revenden” las 137 a 100 mil pesos
Los denunciantes indicaron que pretendían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lograr ser indemnizados, pero la publicación de la jurisprudencia llegó a oídos del mandatario Miguel Barbosa Huerta (emanado de Morena y quien asumió en agosto de 2019), quien ordenó devolver las 137 concesiones.
No obstante, lo anterior representa una posibilidad casi nula, ya que todos los permisos fueron otorgados a otras rutas y taxis, de lo cual responsabilizaron a Abraham Sánchez González, un funcionario que, hasta le llegada de Barbosa Huerta, permaneció más de tres sexenios en la administración pública y a quien acusaron de cobrar 100 mil pesos por cada una de las 137 concesiones.
En cambio, en la ahora Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), para recuperar los permisos, se les planteó el esquema de otorgamiento, es decir adquirir nuevas, con diferente itinerario, para lo cual tendrían que desembolsar 27 mil 800 por cada una, más el costo de cada unidad y un estudio técnico.
Explicaron que también tendrían que adquirir nuevas unidades porque, de acuerdo con la Ley del Transporte de Puebla, las rutas no deben exceder los 10 años de antigüedad, cuando en 2015, los modelos eran 2004, lo cual a los exconcesionarios se les hace “una tomada de pelo”.
Por ello, solicitaron a Barbosa Huerta intervenir para recuperar su patrimonio, pues se trata del sustento no sólo de sus familias, sino de los choferes que trabajaban para ellos.