La diputada Mónica Lara Chávez presentó una iniciativa ante el Congreso de Puebla para buscar que en los centros de refugio para mujeres víctimas de violencia se garantice la atención a hijos de éstas así como para que dichos centros den seguimiento a los casos luego del egreso.
Lo anterior con modificaciones a las fracciones II y III del artículo 53, el artículo 54 y el artículo 56 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla para que las instituciones públicas y privadas, los albergues, casas de medio camino y refugios cuiden por la seguridad de las mujeres y sus hijos, así como les brinden una atención integral para su recuperación física y psicológica.
En dichas instalaciones, las víctimas de violencia y sus hijos podrán permanecer hasta tres meses salvo que subsista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo.
Dichos centros deberán contar con un modelo adecuado para el egreso y seguimiento de las víctimas, así como verificar cada tres meses durante un año posterior a su egreso que tanto la víctima como sus hijos e hijas no se encuentren en riesgo o hayan regresado al lugar o a la situación de violencia en que se encontraban, de lo contrario se les deberá ofrecer el reingreso.
Por otra parte, la diputada Nancy Jiménez Morales presentó la iniciativa para reformar el artículo 348 del Código Penal del Estado para que cuando exista el delito de abandono se sobresea cuando el procesado cumpla con las pensiones alimenticias que deba.
Por su parte, el diputado Raúl Espinosa Martínez presentó una iniciativa para reformar la fracción XIII del artículo 4 y el artículo 6 de la Ley del Primer Empleo del Estado de Puebla para actualizar la denominación de la Secretaría de Trabajo, así como establecer que los programas o acciones emitidas por la dependencia tengan como finalidad contribuir a la formación integral, a través del ejercicio de los conocimientos técnicos en la realidad profesional, para las personas que buscan su primer empleo.
Dichas iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Igualdad de Género, Procuración y Administración de Justicia, así como de Trabajo, Competitividad y Previsión Social para su análisis y dictaminación correspondiente.
