La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Puebla informó que mantendrán cerradas, hasta el 26 de octubre, sus áreas de la Secretaría General B (amparos) y la Junta Especial Número 5, debido a que se detectó que dos personas están contagiadas con Covid-19.
Lo anterior, de acuerdo con un oficio firmado por el presidente de la junta, Mario Arturo Daza Buendía, mismo en el que dio a conocer que la Secretaría de Salud (SS) del estado fue la que confirmó los dos casos positivos al interior de la JLCA.
En el documento se hizo énfasis en que las determinaciones que fueron tomadas se acordaron de manera unánime entre todos los integrantes del pleno de la junta, mientras se emite otro acuerdo y no se tenga otra disposición de las autoridades administrativas y sanitarias.
“En virtud de la detención de dos casos de Covid-19 de una compañera de la Secretaría General “B” y un compañero de la Junta Especial número 5, se informó que el personal de las mismas y las áreas, quedarán aislados y no funcionarán durante el periodo del 12 de octubre al 26 del mismo mes y año”, cita el oficio.
En la circular igual se dio a conocer que las demás áreas de la junta seguirán funcionando de forma normal, siguiendo el protocolo sanitario para ello, a fin de dar atención al personal que así lo requiere para no afectar sus derechos laborales, misma que fue pegada en la entrada principal de la dependencia.
Antes, estuvieron cerradas seis meses
El cierre de ambas áreas se da en una semana de que se abrió, tras haber frenado operaciones por cinco meses debido a la pandemia por Covid-19, en el caso especificó del área de amparos se cancelaron operaciones desde el 9 de octubre por un posible caso detectado del virus.
Es necesario precisar que el pasado 2 de octubre, el gobernador Miguel Barbosa Huerta promulgó un acuerdo para el regreso a actividades en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, con medidas de protección.
Lo anterior, quedó publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), donde el Ejecutivo estatal motiva la medida con el objetivo de reactivar de manera progresiva, normal y segura la administración e impartición de justicia inherente a las controversias laborales que competen a los órganos de justicia laboral local.
