De nueva cuenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó al ayuntamiento de Puebla la suspensión de los decretos con los que el gobierno estatal busca asumir la seguridad del municipio; el proceso de inconstitucionalidad sigue.
El pasado 5 de octubre, la SCJN publicó en su lista de notificaciones sobre tramites de controversias, el expediente 46/2020, con el que “se niega la suspensión solicitada por el municipio de Puebla”, del 21 de mayo del 2019, relacionada a cancelar los decretos de seguridad.
“Se niega la suspensión solicitada por el municipio de Puebla, Puebla. Agréguese al expediente para que surta efectos legales, la impresión de la evidencia criptográfica de este proveído, en términos del Considerando Segundo, artículos 1, 3 y 9, del referido Acuerdo General número 8/2020, de 21 de mayo 2020, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, indicó el documento.
Sin embargo, el fallo solo es relativo a suspender los decretos hasta que la SCJN emita una resolución final sobre la controversia, por lo que el proceso sigue.
El acuerdo se determinó el 26 de agosto, mismo día en que el síndico municipal, Gonzalo Castillo Pérez, solicitó una ampliación para presentar más pruebas al expediente, en las que se precisa como demandados al gobernador Miguel Barbosa Huerta y al secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez.
Primer rechazo, en marzo
La primer negación de suspensión ocurrió el pasado 24 de marzo, a dos días de haber presentado la demanda de controversia constitucional, derivada de que el mandatario poblano intentó relevar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Lourdes Rosales Martínez, por Carla Morales Aguilar, lo que desató diferencias entre ambos poderes, pues la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco argumentó que se violaba la autonomía municipal.
Al día siguiente, Barbosa Huerta emitió el primer decreto para asumir la seguridad, publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), repitiendo la misma acción el 14 de julio, por un periodo de un año, tiempo que le resta a Rivera Vivanco como edil.
Sin embargo, el gobierno estatal no ha asumido hasta el momento el control de la seguridad en la capital, por lo que se espera el fallo resolutivo de la Suprema Corte.